Para aumentar recaudación: ¡crecer y crecer más!

El Ejecutivo acaba de solicitar facultades legislativas en materias tributaria, fiscal, financiera y para reactivar la economía. El Gobierno pretende incrementar los impuestos a las sobreganancias mineras y ciertas categorías del impuesto a la renta de las personas naturales (alquiler y venta de predios) y extender el IGV a otras actividades. 

Sin embargo, surgen enormes y gigantescas interrogantes frente a la demanda. No se trata de un Ejecutivo similar a los gobiernos surgidos en las últimas cuatro elecciones nacionales, sino de uno que ha propuesto una asamblea constituyente para cambiar el régimen económico y político.

De otro lado, la solicitud de delegación de facultades se desarrolla en medio de una intensa polarización política entre el Ejecutivo y el Congreso, en que el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente: de supuestas estrategias para vacar del cargo al jefe de Estado y de otras para cerrar el Congreso. Es en este contexto, en que la mayoría parlamentaria procesará la demanda de facultades del Ejecutivo. ¿Acaso se viene la primera cuestión de confianza?

El tema de fondo detrás de la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo es que, incuestionablemente, está una concepción estatista, colectivista, que considera que el Estado aumenta su recaudación tributaria cuando se incrementan los impuestos. Un eterno error de todas las concepciones estatistas que, generalmente, apuestan por el aumento de los impuestos para tener resultados en el corto plazo. 

En el mediano y largo plazo el aumento de los impuestos contrae la inversión privada, aumenta la informalidad y, finalmente, desploma los ingresos fiscales de cualquier Estado. Por todas estas consideraciones vale recordar que la mejor manera de aumentar los ingresos tributarios es mediante el crecimiento general de la economía. 

La propuesta del Ejecutivo de convocar a una asamblea constituyente y los anuncios de la nacionalización del gas y de la segunda reforma agraria sin agroexportación, simplemente han sepultado las posibilidades de crecimiento de la inversión privada en el 2022. Y, como todos sabemos, la inversión privada suma el 80% del total invertido en el país.

En ese escenario, el próximo año el Perú tendrá un crecimiento vegetativo que no podrá reducir ningún punto de pobreza; pero sobre todo, que no permitirá que los ingresos fiscales aumenten, más allá de los efectos benéficos de los precios altos del cobre y de los minerales.

Cualquier proyecto económico con gran discreción, en vez de proponer aumentar los impuestos, debería plantear reducirlos para permitir que los recursos fluyan en los mercados, en los procesos de inversión y reinversión. El Ejecutivo pretende todo lo contrario. Se ignora que en la economía peruana solo el 40% formal sostiene los ingresos fiscales de un Estado que sigue creciendo y aumentando el gasto al margen de si los ingresos fiscales aumentan o caen. 

En otras palabras, menos de la mitad de la sociedad, menos de la mitad de ciudadanos y empresas tributa formalmente. Y ahora se pretende incrementar la carga tributaria sobre los mismos contribuyentes. Por ejemplo, se anuncia que se aumentarán las tasas de impuesto a la renta a las personas que ganan más de S/ 300,000. ¿Acaso no se entiende que, con estas medidas, se arrincona a las clases medias, que serán duramente golpeadas por el crecimiento del 2022?

La solicitud de delegación de facultades legislativas, entonces, aparece absolutamente coherente con los objetivos del gobierno alrededor de la asamblea constituyente. De alguna manera el Ejecutivo es indiferente a las posibilidades de crecimiento de la economía y frente a las nulas posibilidades de reducir la pobreza. Parece que alguien pretende que la irritación y la desesperación de la gente se desate y se legitime el relato de que todo “es culpa del modelo” consagrado en la Constitución. Por lo tanto, el camino es la constituyente.

Advertidos estamos.