Oye, amigo. ¡No te confundas¡ ¡El malo es el Estado!

La expiración de la vigencia de los decretos de urgencia 007-2019 y 059-2020, que obligaba a las farmacias privadas a vender medicamentos genéricos, ha desatado un debate saludable sobre el abastecimiento de los genéricos en el país. Por su lado, los organismos representativos de las farmacias privadas se han pronunciado señalando que seguirán vendiendo los genéricos que, en muchos casos, representa el 60% del total de la oferta privada.

Sin embargo, en este debate ha comenzado a sentirse el mismo tufillo populista que suele presentarse cuando los políticos pretenden ocultar las responsabilidades del Estado con la ciudadanía. Sucede que alrededor del 80% de la oferta de medicamentos genéricos está a cargo de las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), la seguridad social (EsSalud) y la Sanidad de las Fuerzas Policiales. El 20% restante está en manos de las farmacias privadas y alrededor del 15% en las cadenas de boticas. Con semejante data, ¿qué entidad es la responsable de la falta de genéricos en el país? Es incuestionable que la responsabilidad recae en el Estado y de nadie más. ¿O no?

¿Por qué es importante poner, como se dice, los puntos sobre las íes en este asunto? Porque los políticos, sobre todo los de la izquierda populista y comunista, ante cada problema social o sectorial encuentran el pretexto perfecto para demonizar a la empresa privada. La minería, por ejemplo, es un caso clamoroso. La minería aporta miles de millones de soles en canon y regalías al gobierno central, a los gobiernos regionales y locales. Los aportes en la última década, por ejemplo, sobrepasan los S/ 15,000 millones. Sin embargo, en las regiones mineras se construyen verdaderas islas de prosperidad –los distritos de la zona de influencia directa del proyecto minero– rodeadas de una mayoría de bolsones de pobreza que permanecen en la postración económica y social de siglos pasados. Las causas de esta situación: la falta de carreteras, de sistemas de agua potable y alcantarillado, de escuelas, postas médicas y electricidad.

En este contexto, aparece el radical antiminero y la oenegé anticapitalista y –en vez de criticar al Estado y a los gobiernos subnacionales por no desarrollar la inversión social a pesar de los enormes recursos con que cuentan– ataca y demoniza a la empresa minera, que es la que aporta los recursos. De esta manera se han construido todas las leyendas negras en contra de la minería nacional.

Algo parecido sucede en la pesca, la agroindustria y todos los sectores económicos. Se tiende a demonizar a la empresa privada y a los mercados como la causa de todos los males, mientras se exculpa y se oculta las responsabilidades del Estado.

La pregunta pertinente es si los políticos demócratas, si la gente de buena voluntad, sigue cediendo ante las narrativas de los populismos y de las izquierdas comunistas, ¿por qué extraña razón en las próximas elecciones nacionales no vamos a volver a tener una nueva versión del proceso destructivo que desató Pedro Castillo?

Es evidente que el Perú necesita una ley básica sobre medicamentos genéricos, tal como sucede en cualquier sociedad desarrollada. Sin embargo, en estas políticas de salud el Estado cumple un papel rector, organizador y directriz, mientras que el sector privado desarrolla un papel complementario. En el Perú la realidad de la oferta de medicamentos, controlada en más de dos tercios por el Estado, nos indica claramente que todos los males provienen del Estado.