No permitamos que fracase el relanzamiento de la minería nacional

Sectores de las comunidades de Pumamarca y Huancuire están intentando resucitar los conflictos artificiales creados contra Las Bambas en Apurímac, con el objeto de permitir el avance de la minería ilegal y las estrategias extorsivas en contra de la minería moderna. Luego de una interdicción policial en Pumamarca se calcula que en los socavones de la minería ilegal existe una producción del orden de US$ 100,000 que necesita ser comercializada en los mercados ilegales. Por otro lado, la comunidad de Huancuire está en plenas negociaciones con Las Bambas para habilitar plenamente la producción del tajo de Chalcobamba. Sin embargo, algunos sectores alientan la violencia para facilitar las estrategias extorsivas de algunos abogados de la zona.

Con el argumento de un supuesto problema ambiental detectado por la OEFA –una falsedad de principio a fin–, desde las alturas del tajo Chalcobamba de Las Bambas, se ha comenzado a lanzar hondazos mortales que ya han causado 50 heridos de gravedad entre policías y el servicio de seguridad de la empresa. El objetivo de la violencia es doble: facilitar las operaciones de la minería ilegal y chantajear a la empresa con acuerdos económicos por fuera de la Constitución y las leyes.

Por otro lado, durante una visita al distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, siete parlamentarios de izquierda radical se pronunciaron en contra del proyecto de cobre de Tía María expresando “su rechazo al probable uso de las aguas del río Tambo para las operaciones del proyecto minero”. Otra mentira de principio a fin habida cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María contempla el uso del agua del mar. Un criterio que ha sido ratificado por el Estado y la empresa.

¿Qué significan todos estos movimientos en contra de la minería moderna? Es evidente que el anuncio del reinicio de las actividades en el proyecto Tía María en Arequipa representa la posibilidad de establecer un antes y un después en las inversiones mineras en la última década. ¿A qué nos referimos? Cuando el Perú crecía sobre el 6% anual y reducía varios puntos anuales de pobreza, las narrativas de las oenegés anticapitalistas y de los sectores del radicalismo antiminero –que enfrentaban las inversiones mineras con los recursos hídricos destinados al consumo humano y la agricultura– se volvieron dominantes. 

En ese contexto, se bloquearon Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. Desde esa fecha la única megainversión ha sido Quellaveco, no obstante que el Perú tiene la tercera mayor reserva de cobre del mundo y no obstante también que la libra del metal rojo no cesa de aumentar por el incremento de la demanda.

Los economistas y los observadores no exageran cuando sostienen que si el Perú hubiese ejecutado todos sus planes de inversión en cobre hoy no produciría 2.7 millones de toneladas de cobre (TMC), sino entre 3.5 o 4 millones de TMC. La economía crecería sobre el 5%, la pobreza estaría debajo del 15% de la población (no en el 30% actual) y las clases medias consolidadas pasarían de la mitad de la sociedad. El bloqueo de Conga y Tía María, pues, puede considerarse el inicio del declive.

De allí que los congresistas comunistas y colectivistas hoy sigan repitiendo las leyendas y mentiras sobre Tía María y el uso de las aguas del río Tambo. De allí que el radicalismo, la minería ilegal y los extorsionadores se agrupen en contra de Las Bambas y la minería moderna para crear una crisis artificial.

A estos sectores de ninguna manera les interesa que se relance las inversiones de la minería moderna que reducen la pobreza y construyen una sociedad moderna. Necesitan del caos para el avance de la minería ilegal y el desarrollo de estrategias delictivas de chantaje y extorsión.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo y las bancadas democráticas del Congreso deben apostar por el restablecimiento del pleno Estado de derecho en las regiones mineras. En la provincia de Cotabambas, en Apurímac, es perentorio establecer el estado de emergencia para recuperar el principio de autoridad frente al desborde de la violencia.