No hay futuro sin reformas

A la fecha, el cobre acumula una subida de 25% en el 2017 y por cada 10% en el incremento del precio del metal rojo se calcula que existe un incremento de S/ 700 millones adicionales para el fisco. Elmer Cuba, en este portal, ha señalado que la desaceleración que afectaba al Perú desde el segundo trimestre del 2014 ha finalizado y que el déficit en la balanza comercial (de US$ 3,000 millones) se ha convertido en un superávit de US$ 5,000 millones. Sin embargo, ¿solo el metal rojo salvará al Perú? Es evidente que todos debemos pelear contra el radicalismo antiminero que pretende paralizar la producción minera del país. Sin embargo también existe otra verdad: un nuevo ciclo de crecimiento está intrínsecamente ligado a la generación de reformas económicas.

En el Perú, por ejemplo, una gran parte de la cartera de inversiones en cobre está paralizada por sobrerregulaciones y conflictos sociales impulsados por el radicalismo antisistema. Todos estos problemas, de una u otra manera, están vinculados a temas de competitividad: una inversión minera debe superar 265 trámites y procedimientos, mientras el Estado se muestra incapaz de proveer infraestructuras, educación, salud y un entorno institucional adecuado a las poblaciones adyacentes a los proyectos mineros. ¿Cómo pueden prosperar las inversiones mineras y los negocios? Todo, pues, nos remite al tema de la competitividad. Y las cosas en este aspecto van de mal en peor.

Según el informe de competitividad 2017-2018 del World Economic Forum (WEF), el país retrocedió en competitividad cinco posiciones con respecto al informe del año pasado, y se ubicó en el lugar 72 de un total de 137 países. De acuerdo al Doing Business 2018 del Banco Mundial, el país retrocedió al puesto 58 de un total de 190 economías del mundo. Países como Ruanda, Georgia, Estonia, India, Vietnam, Malasia —que están por encima de Perú en el mencionado ranking— han desarrollado importantes reformas legales, administrativas y tributarias para incrementar su competitividad.

¿Qué hacer entonces para que el incremento del precio del cobre, que nos permitirá crecer el 2018 por encima del 4%, se convierta en un aliciente para impulsar reformas que eleven el PBI potencial del Perú, la competitividad y el entorno de negocios en general? Quizá una primera respuesta tenga que ver con la necesidad de que el Ejecutivo y el Legislativo encapsulen el tema económico y lo alejen de las confrontaciones y polarizaciones que se desatan en el espacio público. Esta apuesta sería absolutamente justificada para pepekausas y fujimoristas porque la ausencia de reformas ralentiza el crecimiento y precariza de tal manera el modelo que el 2021 puede convertirse en el escenario propicio para la agitación de las fuerzas antisistema. En otras palabras, existen enormes riesgos para las fuerzas promercado sin reformas que consoliden y profundicen la economía de mercado.

En ese sentido, por ejemplo, la reforma de la legislación laboral podría ser un punto de partida para empezar a superar esta especie de trabazón que existe con respecto a la competitividad. En el Doing Business 2018 se ha lanzado el lema “Reformar para crear empleo”, y en nuestro país podríamos señalar el lema “Reformar la legislación laboral para formalizar el empleo”. ¿Por qué no existe una reforma laboral a sabiendas de que la legislación peruana está entre las diez más costosas y sobrerreguladas del planeta? ¿Por qué se cede al chantaje de la izquierda y de los casi inexistentes sindicatos, frente a millones de emprendedores que no pueden pagar los costos laborales? Nadie lo entiende.

Empezar con la reforma laboral, tal como lo definimos en un editorial anterior, pondría al Perú en modo de reformas para avanzar a reformar nuestras instituciones y organizar un sistema de justicia predecible, para resolver los déficits acumulados en infraestructuras e, igualmente, reformar los sistemas educativos y de salud. No hay salida para el Perú, la democracia, la economía de mercado y las propias fuerzas políticas proinversión si no decidimos impulsar una segunda ola de reformas.