Nace “Empresarios por la integridad”

 

Entre las diversas noticias del CADE 2018, se conoció del lanzamiento de la asociación civil “Empresarios por la integridad” que buscará combatir la corrupción en la sociedad, convirtiendo al empresariado en un protagonista principal de este proceso. Entre los primeros objetivos de “Empresarios por la integridad” está entregar la certificación empresarial “Cero sobornos” a las compañías que se acojan a los procedimientos y compromisos para lograrlo.

Al respecto se ha informado que 50 empresas ya integran la nueva asociación civil y que los requisitos para obtener la mencionada certificación pasan porque el presidente y los gerentes de una determinada compañía expresen voluntad y compromiso en la lucha contra el soborno. Igualmente, la empresa que aspire al certificado “Cero sobornos” debe desarrollar talleres en todos los niveles laborales, con el objeto de forjar una voluntad institucional clara en contra de la corrupción. Algo más. Las certificaciones estarán a cargo de cinco certificadoras independientes.

La creación de “Empresarios por la integridad” es una buena noticia para la economía de mercado y las libertades económicas, cualquiera sea el ángulo de enfoque. El motivo: el caso Lava Jato y la corrupción brasileña han mellado seriamente la imagen del empresariado nacional. Las cosas se presentan tan complicadas que en los sondeos el 70% de los encuestados considera que los empresarios están comprometidos en la corrupción, sobre todo después de conocerse el caso de algunas compañías nacionales.

Si bien la percepción de la ciudadana es absolutamente injusta, porque la mayoría de empresarios formales e informales del Perú no desarrollan contratos directos con el Estado, se trata de una realidad que debe enfrentarse. Y la iniciativa “Empresarios por la integridad” es fundamental para este objetivo.

Pero, ¿por qué sostenemos que la percepción ciudadana no guarda relación con la justicia? En los últimos 25 años en el Perú ha surgido una mayoría empresarial que no tiene contratos con el Estado, precisamente, porque la Carta Política prohíbe la idea de Estado empresario. Muy por el contrario, las inversiones en minería, agroindustria y servicios son actividades que se desarrollan en relación directa con los mercados.

El crecimiento vertiginoso de las exportaciones se ha producido con el respaldo de los más 17 tratados de libre comercio firmados en los últimos años. ¿Qué pretendemos decir? Que el poderoso empresariado que ha surgido en las últimas dos décadas, de una u otra manera, se mantiene en competencia abierta con los mercados mundiales.

En este contexto vale señalar que el problema de la corrupción en el Perú y América Latina se ha presentado, principalmente, por la excesiva sobrerregulación de los estados, que ha empoderado a los gobiernos y a los funcionarios estatales en las decisiones de los contratos y concesiones que se entregan al sector privado. Y allí es donde ha campeado la corrupción. La responsabilidad empresarial es incuestionable también, pero es importante señalar las causas del problema.

De otro lado no se puede desconocer que, sobre estas realidades, la izquierda estatista desarrolla todo tipo de campañas para demonizar al empresariado nacional, deslegitimar las concesiones y las modalidades de inversión a través del sistema de asociaciones público privadas y obras por impuestos.

Por todas estas consideraciones el esfuerzo y los objetivos de “Empresarios por la Integridad” representan una iniciativa encomiable para rescatar los valores empresariales en la lucha frontal con la corrupción. El certificado “Cero sobornos” debe transformarse en un emblema, en un logro que todas las empresas deben emular. Si las cosas avanzan en ese sentido la predictibilidad de los contratos no solo reposará en las leyes, sino también en la transparencia de los contratantes, a través de su respectivo certificado. Felicitaciones, pues, a “Empresarios por la integridad” por la extraordinaria iniciativa.