¡Movilización nacional en defensa de la minería!

A nuestro entender, si prospera el plan de Perú Libre de convertir el corredor vial del sur –en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional– una zona de guerra social, inevitablemente el país entrará en el camino de la asamblea constituyente y el cambio de régimen. ¿Por qué? Si el gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre pueden destruir el sistema de propiedad de la minería en el Perú, dejando a merced de las minorías violentistas los campamentos y yacimientos mineros, es evidente que se ha comenzado un cambio de régimen económico y social. 

Con la renuncia a ejercer la autoridad democrática, a ejercer la Constitución y las leyes nacionales y aplicar los tratados internacionales, el Ejecutivo ha cambiado el sistema de propiedad de las minas. Empresas de talla mundial, cuyas inversiones son disputadas en todo el planeta, ya no pueden conducir ni administrar las concesiones que ha entregado el Estado al amparo de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. En el caso de Cuajone (de Southern Perú), por ejemplo, la concesión está respaldada por los dos últimos textos constitucionales.

El plan de Perú Libre y el Foro de Sao Paulo con respecto a las minas del sur, sobre todo las del cobre, es coherente: crear una zona de guerra social económica entre poblaciones, trabajadores y diversos sectores con objeto de paralizar la producción y desarrollar una campaña de demonización de las empresas. El objetivo central: en medio del caos y la tragedia promover la estatización de las minas de cobre, a semejanza de lo sucedido con el petróleo en Venezuela y el gas en Bolivia. 

La mayoría de peruanos, las bancadas republicanas del Congreso y los trabajadores y pobres del Perú no lo pueden permitir. Como todos sabemos, hoy la minería representa el 60% de las exportaciones nacionales y suma más del 10% del PBI, y es una de las principales fuentes de recursos del Estado. Asimismo, vale señalar que al cierre del 2021 la minería ha aportado al Estado peruano por conceptos de renta, regalías, impuesto especial a la minería, gravamen especial, alrededor de S/ 14,400 millones. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha precisado que ese monto triplica los aportes de la minería en la última década.

De otro lado, debemos recordar que en la última década la minería ha contribuido por canon y regalías con más de S/ 40,000 millones. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales solo han ejecutado el 67% de sus presupuestos.

El futuro de la minería entonces definirá si Perú Libre y el Foro de Sao Paulo avanzan hacia el cambio del régimen económico y social del Perú. La reflexión es simple: si pueden destruir el sistema de propiedad en la minería, uno de los sectores más importantes de la economía, ¿por qué no podrían destruir las inversiones en agroexportaciones, en la pesquería, en la industria, y en el comercio? ¿Por qué no pueden tocar el ahorro de miles de aportantes al sistema privado de pensiones, los ahorros de la ciudadanía en el sistema financiero y las propiedades de las clases medias?

En cualquier caso, si la oposición no entiende la gigantesca importancia de la minería en la lucha por la libertad y no convoca a una gran movilización nacional en defensa del sector, será evidente que Perú Libre y las corrientes comunistas han comenzado a ganar en su estrategia por organizar un poder totalitario.