Todas las ucronías económicas que abarquen las &...
La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, intentó lanzar una bomba nuclear en contra de las agroexportadoras, señalando que el 90% de los trabajadores del sector es informal. Antes había sostenido que en las empresas formales existían 1.2 millones de trabajadores en condición de informalidad, de los cuales el 90% correspondía al sector agroexportador. Todo era una mentira.
En el acto la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) rechazó las declaraciones de Chávez y precisó que la Población Económicamente Activa del agro suma cuatro millones de personas. En el comunicado se precisó que, según la Sunat, más de 900,000 personas tienen empleos agrarios formales, de los cuales 300,000 son directos y 600,000 indirectos. En el gremio agrario se agrega que en las temporadas altas de la agroexportación, se logra contratar a más de 400,000 trabajadores formales.
Ante la contundente respuesta de AGAP, la titular de Trabajo se rectificó y precisó que no se refería al sector agroexportador, sino a la agricultura familiar. Las declaraciones de la ministra Chávez y la posterior rectificación nos recuerdan casi todos los actos del Ejecutivo que han terminado derrumbando las posibilidades de crecimiento de la inversión privada: desde la nacionalización del gas hasta el cierre unilateral y anticonstitucional de cuatro minas en Ayacucho.
En todos estos actos contra la inversión privada, ante el rechazo y las respuestas, el Gobierno retrocedió, como acaba de hacer la ministra Chávez. Es decir, primero se lanzó la piedra y luego se escondió la mano. La pregunta de cajón, como se dice, es ¿puede la titular de Trabajo equivocarse sobre cuánta informalidad hay en un sector de la economía? Parece difícil de creer, sobre todo luego de la rectificación y señalamiento de que se refería “a la agricultura familiar”.
Lo cierto es que las declaraciones de la ministra Chávez causan grave daño a nuestras agroexportaciones que, en dos décadas, incrementaron las exportaciones de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y logran contratar a cerca de un millón de trabajadores y reducir la pobreza en las regiones en las que opera.
¿Por qué las declaraciones de Chávez son nocivas a la inversión agroexportadora? Porque los derechos laborales están protegidos por todos los tratados de libre comercio, bajo los cuales se desarrolla la agroexportación. Asimismo, los compradores en los mercados mundiales exigen que se respete al milímetro la formalidad laboral. Por ese motivo las agroexportadoras mantienen excelentes relaciones con Sunafil y son permanentes fiscalizadas por auditoras internacionales, tales como Grasp, Smeta y Fair for life, entre otras.
Las declaraciones de la ministra Chávez, entonces, confirman la estrategia en contra del sector agroexportador que implementa el Gobierno colectivista de Pedro Castillo. Desde el lanzamiento de “la llamada segunda reforma agraria”, sin convocar al motor antipobreza de la agroexportación, se ha notado la tirria gubernamental contra las inversiones privadas en el agro.
Si la administración Castillo no ha tocado a las agroexportaciones se debe a la incesante campaña de denuncias que señalan que en el Perú existen 2.2 millones de minifundistas que conducen predios sobre más del 95% de las tierras agrícolas, mientras que las inversiones agroexportadoras solo se desarrollan en el 5% de la superficie dedicada a la agricultura.
Sucede que los más de 2.2 millones de minifundistas, herederos directos de la primera reforma agraria estatista de Velasco, desarrollan una agricultura de subsistencia y viven en pobreza. Por su lado, las agroexportadoras, en una cantidad reducida de tierra, han creado islas de prosperidad que deberían extenderse a toda la agricultura de la costa, la sierra y la selva.
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