La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (27360) h...
Sorprendente el estilo de gobierno del presidente Martín Vizcarra. Por un lado, les dice a los representantes de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (SNH) que la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) —que está lista para su aprobación en el Congreso de la República— es importante para reactivar al sector; y por otro lado, modifica las disposiciones sobre administración de áreas protegidas. Las modificaciones contenidas en el DS 004-2018-MINAM establecen que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernarp) y los Gobiernos Regionales establecen las zonificaciones de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y regional. Asimismo, retira la opinión vinculante del Sernarp en la elaboración del Plan Maestro de las Áreas de Conservación Regional.
La norma atenta contra las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos por los evidentes “desentendimientos” que existen (y que ahora se multiplicarán) entre las autoridades regionales y las empresas. Por ejemplo, durante la gestión de César Villanueva al frente del Gobierno Regional de San Martín hubo “diferencias” con la empresa Repsol que ocasionaron la paralización de las actividades petroleras en el lote concesionado.
Por otro lado, una iniciativa legislativa del Congreso —de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE)— ha tomado fuerza con la llegada de Fabiola Muñoz al Ministerio del Ambiente (Minam). La mencionada ministra señala que la Isla Foca, el Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, en los departamentos de Piura y Tumbes, serán declarados Área Natural Protegida (ANP), áreas donde están prohibidas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta área protegida que se plantea establecer, de 116,000 hectáreas, afectará a siete lotes petroleros y a un enorme potencial de recursos por explorar.
La ministra anunció que su sector realizará en los pueblos el norte una consulta pública y que, en adelante, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serán más exigentes. Es decir, la ministra Muñoz utilizará los recursos del Estado asignados a su sector para impedir las inversiones privadas. De esta manera, la burocracia del sector ambiente se convierte en activista antidesarrollo. Y ni siquiera oye, por ejemplo, a Leonidas Campos, secretario general de la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (Fenupetrol), quien sostiene que “Talara no necesita de un EIA. Por el contrario, necesita reafirmar su actividad petrolera de larga historia para ofrecer más puestos de trabajo”.
¿Cómo, entonces, es que Vizcarra dice apoyar la LOH si la ministra Muñoz anuncia actividades en contra de las inversiones, sabiendo que las áreas que pretende declarar como “protegidas” se superponen con las áreas petroleras del norte? Queda claro que el compromiso anti inversiones de la ministra se sobrepone al derecho de los más pobres por más puestos de trabajo para reducir la pobreza y el desempleo.
La ministra del sector Ambiente pone en riesgo US$ 5,000 millones de inversiones que se posibilitarán con la nueva LOH, y que permitirían la producción de 100,000 barriles de petróleo (al 2021), más de 5,000 nuevos puestos de trabajo (tres indirectos por cada directo) y el incremento de las reservas probadas, menor importación de crudo y aumento del PBI nacional.
Queda claro también que la ministra no ha leído los informes del Instituto del Mar Peruano (Imarpe), que indican que no es posible establecer criterios suficientes para determinar que las zonas del norte mencionadas deban pertenecer a un área natural protegida. Parece que la ministra no sabe que el Imarpe es una institución científica peruana de alto reconocimiento en temas marinos y de preservación de la flora y fauna. La más seria del país, que vela por los recursos y la preservación de la biomasa, rica y abundante en Perú.
La postura de la ministra del Minam está en la línea del discurso antimercado del congresista Marco Arana, presidente de la CPAAAAE. Como si el ex cura del Frente Amplio gobernara el país.
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