Ministerio de Trabajo pretende estatizar el empleo

La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, sin lugar a dudas está dejando en claro su vocación anti empresa, su desconocimiento general sobre la importancia de la productividad en el sector privado y su intención de promover la asamblea constituyente y la estatización de la economía. Es la única manera de entender el proyecto que se discute en el Ejecutivo que pretende aumentar de 1.5 a 3 sueldos por año la indemnización en caso del llamado “despido arbitrario” y el decreto supremo que, en la práctica, prohíbe la tercerización del empleo.

La decisión en el Ministerio de Trabajo (Mintra) de impulsar y aprobar estos proyectos revela que se sigue a pie juntillas la llamada “Agenda 19” del ex ministro de Trabajo Carlos Maraví, quien debió renunciar al cargo por sus cercanías ideológicas con el Movadef. La Agenda 19 tenía entre sus principales objetivos redactar una nueva Ley del Trabajo y convertir el mundo del empleo en el Perú en un territorio de federaciones sindicales, de negociaciones colectivas y “derechos creados por decreto”, como si el Perú fuese una sociedad que hubiese culminado, al menos, sus tres revoluciones industriales. 

Una verdadera locura fundamentalista en un país con más del 85% del empleo en la informalidad precisamente por los elevados costos laborales, inalcanzables para las empresas medianas y pequeñas (pymes) que proveen cerca del 90% del total del empleo. En este contexto, aumentar a tres sueldos la indemnización por cada año trabajado, en caso de despido, y restringir al mínimo la tercerización del empleo solo aumentará la informalidad. Incluso las medianas empresas –ahora en la formalidad– buscarán espacios en la informalidad porque en el Mintra no se entiende a qué se llama productividad en el sector privado.

La productividad es la manera como las empresas combinan factores de la producción (entre ellos el capital y el trabajo) para alcanzar eficiencia en la producción. Sin productividad las empresas privadas en los mercados, simplemente, se estancan o quiebran. Si el Estado eleva a niveles inalcanzables los costos del despido o de los contratos (ausencia de tercerización), entonces, las empresas se refugiarán en la informalidad o quebrarán. Hasta hoy, por ejemplo, no hay estudios sobre cómo ha aumentado la informalidad en el sector de las trabajadoras del hogar o en el agro luego de las modificaciones laborales que aumentaron los derechos sin considerar la productividad de los sectores.

En el Mintra parece haber la concepción de que las empresas privadas se mueven con la lógica del Estado, en donde la productividad es asunto relativo porque los recursos provienen de la recaudación fiscal (aportada por las empresas). De otro lado, considerando la extendida informalidad, también hay la intención de ahogar al sector privado porque se considera que es una fuente de explotación, y no de creación de empleo y reducción de pobreza.

Lo más grave de todo es que la izquierda comunista, hoy predominante en el sector Trabajo, ignora que la flexibilidad laboral (es decir, la capacidad de contratar y despedir de acuerdo a la productividad) está vinculada a bajas tasas de desempleo. Por ejemplo, en diversos rankings del mundo Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda son los países con mayor flexibilidad laboral y tienen las menores tasas de desempleo planetario (alrededor del 3% de la PEA). Estados Unidos, otro país con gran flexibilidad laboral, tiene el 5% de la PEA en desempleo.

Los países europeos con legislaciones laborales menos flexibles suelen tener mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, España, Francia y Grecia tienen un desempleo que sobrepasa entre el 10% y 20% de la población.

Las cosas entonces están claras. Las propuestas del sector Trabajo forman parte de la estrategia de estatizar el empleo para estatizar la economía mediante la quiebra de unidades privadas. 

En este contexto, tarde o temprano, el Ejecutivo se enfrentará al mundo emergente de millones de emprendedores.