Majes Siguas II sigue avanzando

El proyecto hídrico Majes Siguas II, ubicado en la región Arequipa, ha tenido recientemente cambios significativos en su planificación y ejecución. Inicialmente, el Gobierno Regional de Arequipa estaba a cargo de las obras, pero tras enfrentar varios obstáculos, el Gobierno central tomó el control del proyecto. El Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha propuesto un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Canadá para finalizar la construcción, replicando el modelo implementado en el proyecto Chavimochic III en la región de La Libertad. Esta decisión busca acelerar la culminación del proyecto, lo que podría reducir los tiempos de ejecución en un año, en comparación con los plazos previstos inicialmente, que situaban el inicio de las obras principales en 2025 y 2026, y en el peor de los casos, hasta 2029.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de acelerar el proyecto a través de un convenio de gobierno a gobierno, de ninguna manera, debería significar el abandono del modelo de asociación público privada (APP), mediante el cual un privado asume la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura hídrica y la venta de los predios buscando inversiones intensivas en capital y en tecnología a través de economías de escala (predios de más de 200 hectáreas), tal como se ha desarrollado en los demás proyectos hídricos vinculados a la agroexportación. De esta manera será posible la incorporación de 38,500 nuevas hectáreas de tierras agrícolas dedicadas a la agroexportación, impulsando la producción y el desarrollo económico de la región. 

El proyecto Majes Siguas II es considerado uno de los más relevantes para el desarrollo agrícola del sur del Perú. Este ambicioso plan tiene como principal objetivo la construcción de una represa en el río Siguas, lo que permitirá optimizar el uso del agua y expandir las áreas agrícolas. Adicionalmente, el proyecto contempla la generación de energía hidroeléctrica a través de las centrales Lluta y Lluclla, las cuales abastecerán de electricidad a toda la región. La inversión total para la ejecución del proyecto se estima en aproximadamente 654 millones de dólares, y se espera que genere 40,000 nuevas hectáreas de tierras cultivables, además de crear cerca de 83,000 empleos directos e indirectos durante su construcción.

Los beneficios de Majes Siguas II no se limitan únicamente al incremento de la producción agrícola, sino que también prometen un impacto económico significativo para la región de Arequipa. La incorporación de nuevas tierras agrícolas aumentará la competitividad del país en el mercado agroexportador, especialmente en la producción de frutas y hortalizas de alta calidad. Esto permitirá a la región posicionarse como un actor clave en la exportación de productos agrícolas, con un impacto económico a largo plazo que se estima en S/ 4,300 millones. Además, el proyecto contribuirá a la seguridad alimentaria y al desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el sector agrícola.

Uno de los temas más importantes en torno al proyecto Majes Siguas II es la distribución de las nuevas tierras agrícolas. Los expertos sugieren que estas tierras deben ser asignadas en parcelas de más de 200 hectáreas para fomentar la inversión privada y la adopción de tecnologías avanzadas. Esta estrategia permitiría consolidar cadenas agroexportadoras sólidas, promoviendo la modernización del sector agrícola peruano. No obstante, esta propuesta ha generado debates sobre la necesidad de promover tanto el crecimiento de grandes inversores como el desarrollo de pequeños agricultores locales.

Paralelamente, la falta de una Ley de Promoción Agraria en el Perú representa un desafío para el desarrollo del sector. La normativa anterior, que fue derogada durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti, ofrecía incentivos tributarios y laborales clave para atraer inversiones a largo plazo en cultivos de alta rentabilidad, como paltas, cítricos y arándanos. Estos cultivos requieren más de ocho años para generar ingresos significativos, por lo que la incertidumbre jurídica actual desincentiva a los inversionistas. Por ello, es fundamental la creación de una nueva ley que promueva la inversión en el sector agrícola, garantizando un marco favorable para los empresarios y agricultores.