¡Los trabajadores recuperan Cuajone para el Perú y los pobres!

La decisión de los trabajadores y el Sindicato de la mina Cuajone de recuperar el reservorio de Viña Blanca, que se mantenía bloqueado por más de 50 días –afectando la sobrevivencia de más 5,000 familias del campamento minero y paralizando la producción de cobre– fue determinante para recuperar el señalado reservorio y la vía férrea por donde se transportaba el mineral. Ayer sábado el agua volvió al campamento y las vías fueron despejadas.

El Ejecutivo cometió todas las infracciones constitucionales habidas y por haber con su clara decisión de promover la anarquía, renunciar al ejercicio de la autoridad democrática,y negarse a hacer respetar la Constitución, las leyes y los contratos firmados por el Perú. A estas alturas el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, ya debería haber sido censurado por el Congreso.

Ante la renuncia del Estado a la autoridad democrática, y frente a la evidente orden del Gobierno a la policía de no intervenir en el conflicto de acuerdo a las leyes nacionales, los trabajadores de Cuajone anunciaron que iban a recuperar el reservorio de Viña Blanca, tomado por unas decenas de pobladores de la comunidad de de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.

La firme posición de los trabajadores de Cuajone de recuperar sus trabajos e ingresos, y de recuperar el agua para el consumo humano y la producción cuprífera –recurso hídrico que provenía de Viña Blanca–, al parecer, determinó que una mayoría de quienes habían tomado el reservorio se decidieran a iniciar un proceso de conversaciones e instalar una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa Southern. Todos los peruanos de buena voluntad apoyamos el diálogo. Nos oponemos a la violencia y a la fuerza.

Lo curioso es que un sector radical, vinculado a la corriente cerronista, se opuso a las conversaciones y decidió mantener el asalto del reservorio de Viña Blanca. Sin embargo, frente a esta conducta injustificable, el Ejecutivo decidió declarar el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Torata –donde se emplazan la comunidad y la operación minera– y los últimos radicales tuvieron que desistir de la violencia. Antes de retirarse destruyeron una de las paredes del reservorio, tal como se aprecia en la foto adjunta.

 

Todos estos hechos demuestran que el Gabinete Torres está cometiendo todas las infracciones constitucionales posibles con su renuncia a aplicar la Constitución y las leyes –facultad principal para la cual se elige un Ejecutivo– y dejan en claro que solo se trata de aplicar la legislación para empezar a solucionar los problemas. 

Los antimineros que tomaron el reservorio de Viña Blanca exigían que  Southern, la concesionaria de Cuajone, les pagara US$ 5,000 millones y les otorgará el 5% de las utilidades.  El pago de una suma de ese tipo implicaba –en la práctica– la estatización de Southern. Sin embargo, el Ejecutivo se hizo de la vista gorda y, tácitamente alentó la ofensiva del radicalismo. La concesión de Southern y el sistema de propiedad en Cuajone se ha organizado bajo las últimas tres constituciones del país; sin embargo, hoy se pretende desconocer los contratos y el sistema de propiedad.

Con cada de día de paralización en Cuajone el Estado pierde alrededor de S/ 8.5 millones, pero si sumamos las pérdidas diarias de Las Bambas, de alrededor de US$ 9 millones diarios –cuando la libra del cobre alcanza el récord histórico de US$ 4.80–, es justo preguntarse, ¿qué pretenden el Ejecutivo y Perú Libre? ¿Por qué se liquidan las mayores posibilidades de crecimiento y de reducción de pobreza?

A nuestro entender, Perú Libre pretende quebrar el sistema de la propiedad minera, alentar a las minorías radicales y establecer una zona de guerra social en el sector, con el objeto de plantear la estatización del cobre nacional. El cobre se ha convertido en un objetivo del Foro de Sao Paulo, tal como el chavismo lo hizo con el petróleo en Venezuela y el gas en Bolivia.