Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
La mesa de diálogo programada para el 7 de mayo entre el Ejecutivo, las comunidades de Fuerabamba y Huancahuire y MMG-Las Bambas se canceló porque los dirigentes comunales no confirmaron a tiempo su participación. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, entonces informó que la mesa se instalaría el próximo 10 de mayo.
De esta manera, la mina de MMG-Las Bambas, una de las diez más grandes de cobre del planeta, acumula más de 470 días de bloqueos y paralizaciones, en momentos en que la libra del metal rojo sigue alcanzando récords históricos. Los comuneros de Huancahuire persisten en invadir parte del tajo de Chalcobamba.
Las cosas en el sector minero continúan agravándose, como si un ejército de invasión extranjera estuviese destruyendo el sistema de propiedad minera que, en las últimas cuatro décadas, convirtió al Perú en una potencia mundial en producción de minerales. Basta señalar que el país se convirtió en el segundo productor mundial con una producción anual de alrededor de 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC).
Las cosas están tan mal que se proyecta que la inversión minera caerá en 15%, no obstante el superciclo de precios actual. Una década atrás, con otro ciclo de precios altos de los minerales –aunque menores que hoy– la inversión en el sector creció sobre el 160%.
Con las invasiones del campo minero de Las Bambas por parte de sectores de las comunidades de Fuerabamba y Huancahuire la producción volvió a detenerse de golpe desde más de 20 días atrás. Sin embargo, el Ejecutivo volvió a demostrar la misma indolencia y distancia que mantuvo en todos los conflictos sociales en el corredor minero del sur: renunció a ejercer la autoridad, a aplicar la Constitución y las leyes. Pero no solo el Ejecutivo abdicó de aplicar la autoridad democrática, también las instituciones del sistema de justicia y la propia policía nacional (PNP) parecen haber renunciado a hacer respetar el Estado de Derecho.
Todos los observadores internacionales se preguntan cómo pueden estar sucediendo los hechos reseñados en una de las diez minas de cobre más grandes del planeta. Se preguntan igualmente cómo una inversión de más de US$ 10,000 millones puede ser abandonada por un Estado que no solo renuncia a la autoridad, sino que ni siquiera puede garantizar el ingreso de los insumos a los campos mineros ni el traslado de la producción mineral a la costa para el respectivo embarque. Las áreas mineras del sur comienzan a asemejarse al Viejo Oeste, en el que la violencia de los pistoleros y los grupos privados se imponían.
El tajo de Chalcobamba de MMG-Las Bambas sigue tomado por un pequeño grupo perteneciente a la comunidad de Huancahuire, afectando el empleo de 8,000 trabajadores y sus respectivas familias. La situación se comienza a convertir en tan dramática que los trabajadores del Sindicato de Las Bambas se trasladaron a la capital a exigir que el Gobierno asuma su responsabilidad.
No es para menos. La mina Las Bambas aporta el 1% al PBI nacional, representa el 9% del PBI minero y más del 75% del PBI de la región de Apurímac. La desesperación de las autoridades regionales apurimeñas frente a las pérdidas que se acumulan en canon y regalías se hace tan evidente que no sería nada extraño que la mayoría de los apurimeños –tal como sucedió en Cuajone– reaccionen frente a las minorías radicales y recuperen Las Bambas para el Perú y los pobres de Apurímac.
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