Todas las ucronías económicas que abarquen las &...
Ayer se conoció que el chancador principal de Las Bambas, una de las diez megaoperaciones de cobre más grande del planeta, paralizó sus actividades por falta de insumos. Era cuestión de horas, entonces, para que se detuvieran las actividades de la faja transportadora y el concentrador principal.
De esta manera, en medio de un superciclo de precios en que la libra del cobre sobrepasa los US$ 4.80, una de las minas de cobre más emblemáticas del planeta, se aprestaba a detener su producción. ¿Por qué?, se preguntaría cualquier observador de un país. ¿Por una guerra externa? ¿Por un cataclismo que destruyó la infraestructura de la mina?
De ninguna manera. Todo se explica porque un grupo de activistas de no más de 500 personas tienen bloqueada la carreteras que atraviesa Chumbivilcas exigiendo que se les declare zona de influencia directa –pese a estar a 200 kilómetros de la operación– y se les asegure contratos de transporte para algunas empresas vinculadas a los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich).
El hecho solo confirma una tragedia para los peruanos, sobre todo para los más pobres: el Gobierno de Pedro Castillo ha abandonado el principio de autoridad democrática y ha renunciado a aplicar la Constitución y las leyes. Muy por el contrario, la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, parece empeñada en empoderar a todas las minorías radicales antimineras que han ejercido violencia y han bloqueado la producción de diversas minas del país.
El Gobierno de Pedro Castillo, sin lugar a dudas, es un gobierno antiminero, al margen de todas las tendencias que se aglutinan en el equipo ministerial. ¿Cómo es posible que un Estado renuncie a beneficiar a su población de precios tan altos del cobre? O, ¿acaso el Estado peruano está controlado por fuerzas extranjeras, enemigas de los peruanos y de los pobres? Son preguntas que pueden parecer exageradas, pero que resultan absolutamente pertinentes.
Si Las Bambas paraliza operaciones se perderán más de 8,000 empleos y el PBI de Apurímac se desplomará en más del 50%. Es decir, la región retornará a las épocas de los años ochenta en que la pobreza sobrepasaba el 70% de la población. Hoy gracias a la inversión de Las Bambas, que supera los US$ 10,000 millones la pobreza en los 84 distritos de la región está por debajo del 40%. Y este flagelo social se habría reducido mucho más si el Estado – a través de los gobiernos central, regional y local- hubiese redistribuido adecuadamente la renta minera -recaudada a través de los impuestos- en la construcción de escuelas, postas médicas, carreteras y sistemas de agua y desagüe.
Es hora de que las mayorías de Apurímac, del Cusco, de todas las regiones mineras y todos los peruanos nos movilicemos en defensa de la minería nacional, que es la gallina de huevos de oro de los recursos fiscales y el pan del país. No permitamos que los sectores antimineros que hoy controlan el Estado, el gobierno y el consejo de ministros destruyan avances que costarán décadas construir y organizar.
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