La reforma agraria que hundió a la agricultura nacional

El estado socialista que organizó la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado se prolongó hasta inicios de los noventa, y solo se canceló con las reformas económicas que desarrollaron Alberto Fujimori y Carlos Boloña. El modelo económico velasquista, basado en el Estado empresario, entre 1987 y 1990 derrumbó el PBI nacional en 30% y el ingreso per cápita de los peruanos retrocedió hasta los niveles de 1960. Al Perú le demandó 15 años de crecimiento recuperar el nivel de ingreso per cápita perdido.

Una de las causas de la debacle nacional de velasquismo es la reforma agraria que se implementó entre 1969 y 1980. A través de ese proceso se expropiaron más de 10 millones de hectáreas, que representaban el 56% de la superficie agrícola, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IPE). Toda la superficie de tierras expropiadas se transformó en cerca de 1,000 cooperativas y sociedades agrícolas de interés social que, luego de una década, fueron parceladas o abandonadas por los posesionarios. La caída de la productividad fue tan brutal que el hambre y la miseria se generalizaron en el agro y los miembros de esas colectividades avanzaron hacia un cambio informal del sistema de propiedad.

Según el IPE, entre 1970 y 1980 la productividad del agro nacional cayó en 17%, mientras que en otros países de América Latina subió en 18%. En ese momento era evidente que los trabajadores del campo necesitaban expandir derechos, sobre todo los vinculados a la seguridad social. Sin embargo, el velasquismo en vez de avanzar en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores avanzó hacia el sistema de koljoses soviéticos que derrumbó la economía y empobreció a más del 60% de la población, sobre todo rural.

Las cosas eran tan dramáticas en los antiguos emporios agroindustriales que se conoce de historias en Casagrande y Cartavio, donde los ex trabajadores de los latifundios soñaban con el regreso de los antiguos dueños de los predios. Y las nuevas generaciones sin educación, sin trabajo, abandonaron los campos y convirtieron los antiguos ingenios azucareros en fantasmas de fierro y cemento. En la sierra el asunto fue más dramático.

La reforma agraria colectivista en nombre de los trabajadores y en contra de “los intereses de los latifundistas” solo empoderó y enriqueció a una burocracia estatal, tal como sucedió en los ex países de la Unión Soviética y tal como acaece en Venezuela, Cuba, Nicaragua.

Felizmente, las reformas económicas de los años noventa, la vigencia de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, y la derogada Ley de Promoción Agraria –Ley 27360– posibilitaron el regreso del capital al campo y en apenas 250,000 hectáreas; es decir, en apenas el 5% de la superficie de tierra agrícola, se desencadenó un verdadero milagro económico. Un milagro agroexportador que sorprende al mundo y devuelve la esperanza a más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas del país.

Para entender la importancia del milagro agroexportador del Perú vale mencionar que las agroexportaciones, en dos décadas, se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones, que se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, que el empleo formal se incrementó de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 a más de un millón en la actualidad, y que la tasa de pobreza en las regiones agroexportadoras bajó debajo del promedio nacional.

El Perú necesita entonces una nueva ley de promoción agraria que llene el vacío de la ley derogada por el progresismo (Ley 27360) para convertir el agro nacional en fuente de prosperidad y bienestar para los agricultores y la sociedad en general.