La reducción del Estado y el relanzamiento del Perú

El Estado en el Perú es enorme con respecto a nuestra condición de país de ingreso medio y con respecto también a la calidad de servicios que se entrega a la sociedad. Si se suman los presupuestos del Ejecutivo, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas, el Estado consume alrededor de un tercio del PBI de US$ 260,000 millones del país. ¿Puede una economía de ingreso medio gastar semejante cantidad en un Estado que no provee servicios mínimos en seguridad, justicia, educación y salud? Algo está mal y se necesita reflexionar sobre el tema.

Con semejante gasto en el Estado es imposible imaginar una reforma tributaria que posibilite reducir tasas de impuestos y simplificar los procedimientos para contabilizar y cobrar impuestos. Una nueva reforma tributaria es una de las claves para relanzar el modelo económico porque permitiría devolver recursos a la sociedad y al sector privado para incrementar la inversión y, por otro lado, sería uno de los ejes fundamentales de una ofensiva para formalizar a la sociedad. Según algunas proyecciones, los diversos niveles de informalidad de la sociedad se ubican entre el 60% y 70% de la economía. Y en las provincias con pobreza sobre el 40% de la población, la informalidad puede sobrepasar el 80% de los ciudadanos.

El tamaño del Estado, pues, es la otra cara de la informalidad extendida y la falta de productividad de la economía en general.

Para justificar el incremento del gasto estatal las corrientes progresistas y de izquierda, que suelen argumentar que el Estado es el principal actor de la redistribución y justicia social –señalando que la rentabilidad de las empresas se explica por “la explotación de los trabajadores”– han fomentado la creación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones “para controlar la voracidad empresarial”. De esta manera el Estado peruano se ha convertido en uno de los más burocráticos y que, con sus sobrerregulaciones, bloquea inversiones y desata la informalidad extendida.

Por ejemplo, el Perú tiene 19 ministerios, entre los que están el Ministerio del Ambiente, el de la Mujer, el de Cultura y otros que podrían constituirse en simples direcciones de otros despachos ministeriales. Sin embargo, se convirtieron en ministerios para desarrollar una lógica paralela a la economía de mercado y la inversión privada que protege la Constitución de 1993. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente en las últimas décadas se convirtió en la caja de resonancia de todas las narrativas y fábulas que desarrollaron las oenegés anticapitalistas en contra de la minería, la agroexportación, la pesca y las inversiones en infraestructuras.

Ni qué decir en cuanto a las sobrerregulaciones que se levantaron en contra de la iniciativa y la sociedad en general. Por ejemplo, en dos décadas los procedimientos para desarrollar un proyecto minero se incrementaron de 15 a 265, en tanto que los municipios con las licencias y los ministerios con las autorizaciones, simplemente, ahogaban a los pequeños emprendimientos en cualquier sector de la economía.

Es incuestionable que el Perú no volverá a moverse ni menos se relanzará si no emprende una reforma radical del Estado, una reforma que tiene en la reducción del tamaño, la eliminación y la poda de las sobrerregulaciones y el ajuste del gasto presupuestal, las claves de una verdadera transformación. 

Paradójicamente un Estado pequeño –con pocos ministerios, con trámites simplificados y ventanillas únicas– será una de las claves para posibilitar una reforma tributaria y las demás reformas estructurales que necesita al Perú para volver a crecer a tasas altas, continuar con la reducción de pobreza y desatar las iniciativas innovadoras de la sociedad.