La minería que se pierde y la pobreza que continúa

El 2021 las exportaciones mineras sumaron US$ 39,637 millones, una cifra récord, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Esta suma refleja un crecimiento de más de 50% con respecto a los envíos del 2020. La minería entonces aportó alrededor del 80% de las exportaciones totales del Perú. En otras palabras, la minería es la columna sobre la cual debe sostenerse el país.

Los resultados en la minería nacional tienen que ver con muchos factores: una legislación minera y tributaria eficiente, una alta productividad de las empresas y, evidentemente, el nuevo superciclo de precios de los minerales, sobre todo el del cobre. El precio de la libra del metal rojo ha llegado a superar los US$ 4.50.

Los analistas económicos y diversos informes sostienen que el Perú tiene una cartera de inversiones mineras de US$ 62,000 millones. Si el Perú ejecutase todos sus proyectos de inversiones podría crecer por encima del 6% y, en muy pocos años, reducir la pobreza por debajo del 15% de la población (actualmente la pobreza afecta al 25% de los peruanos). Basta recordar que, durante la segunda administración de Alan García, el precio del cobre también inició un superciclo de precios –menor al actual– y, entre el 2006 y el 2009 se logró reducir la pobreza en 11.8 puntos. Para entender la magnitud de las cosas, entre el 2014 y el 2018 solo se logró reducir la pobreza en 1.7 puntos. Claro, en este pobre resultado influyeron los precios del cobre y los gigantescos yerros anti inversión del gobierno nacionalista.

La minería entonces es un poderoso motor antipobreza que nadie puede cuestionar. Sin embargo, la administración de Pedro Castillo se ha declarado abiertamente en contra de la minería. Allí están las propuestas de nacionalizar el gas y los recursos naturales, el abandono del corredor vial del sur –en donde se emplazan las minas que generan el 50% de nuestra producción de cobre– a minorías de activistas radicales, y el intento de una reforma tributaria que pretendía restarle competitividad a la minería. Una verdadera catástrofe, en medio de tantas posibilidades para el país.

Hoy, por ejemplo, el Perú produce alrededor de 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC), que ubican al país como el segundo productor mundial de este metal, luego de Chile (5 millones de TMC). Sin embargo, el país tiene un potencial que podría llevar a nuestra sociedad a alcanzar un ingreso per cápita parecido al de un país desarrollado.

Por ejemplo, en el llamado cinturón de cobre del norte, en Cajamarca, se alza una cordillera que podría agregar un millón de TMC a la producción actual. Si los proyectos Conga, La Granja, Galeno y Michiquillay, entre otros, se materializaran, el Perú podría crecer en promedio por encima del 6% del PBI. 

De otro lado, Cajamarca, una región considerada entre las cuatro regiones con más pobreza en el país, podría alcanzar un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Los cuatro proyectos mencionados en esa región obligarían a crear un cluster minero de servicios, que industrializaría a buena parte de la economía de la región; además de la construcción de un ferrocarril hacia la costa, que dinamizaría todas las actividades económicas cajamarquinas.

Como se aprecia con absoluta claridad, el Perú puede perder una de los factores más importantes en la lucha contra la pobreza y el desarrollo: un ciclo de inversiones mineras favorecidas por el precio inigualable de los minerales. En este escenario, la ideologización y el fundamentalismo anti inversión del Ejecutivo representan un verdadero crimen contra los pobres.