La minería produce rentabilidad social de manera natural

La rentabilidad social como requisito para la continuidad de los proyectos mineros –anunciada por el presidente Pedro Castillo en su mensaje del pasado 28 de julio– ha sido abordada durante la presentación del ministro de Energía y Minas (Minem), Iván Merino, en el IV encuentro “Camino al Simposium del oro, la plata y el cobre” organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En su intervención, Magaly Bardales –presidente del comité sectorial minero– sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”.

Bardales, por ejemplo, señaló que el aporte de la minería al desarrollo de la economía nacional es notable, sobre todo por la transformación de la zona andina. En los últimos 10 años se ha logrado ampliar en 40% el valor de las compras a proveedores que dinamizan las economías locales. Pequeñas empresas familiares, dedicadas a la oferta de bienes y servicios, forman parte del círculo virtuoso de la minería en los lugares más alejados del país, originando el surgimiento de una nueva clase media rural. Bardales informó que el sector minero representa el 16% del total de la inversión privada y 20% del total de los tributos. Igualmente agregó que genera dos millones de empleos, entre directos e indirectos. 

La rentabilidad social ha sido, entonces, parte de la política minera. Desde la década de los noventa se dejó de lado la minería tradicional y estatista. Las empresas de talla mundial son cuidadosas con el medio ambiente y las costumbres locales. La “rentabilidad social” ha sido desarrollada como una consecuencia de los círculos virtuosos de la inversión. Los proyectos de las empresas en educación, salud, cuidados ambientales y promoción de las actividades comunales confirman el concepto de la rentabilidad social planteada por el Ejecutivo. 

No obstante los avances logrados, las oenegés del ambientalismo ideológico desarrollan una oposición frontal a la inversión en recursos naturales. Mitos y leyendas sobre contaminación detienen la continuidad de 47 proyectos mineros que suman una cartera de más de US$ 60,000 millones de inversión. 

Si estos proyectos estuviesen en ejecución, el Perú crecería 5% en promedio anual y la pobreza se reduciría significativamente. Si en Cajamarca se concretarán los cerca de US$ 16,000 millones en inversión, el ingreso per cápita de los cajamarquinos sería similar al de un país desarrollado. Por ejemplo, en Antofagasta, la perla del norte chileno, 200 empresas mineras producen el 55% de cobre y el 100% de litio. En esa región hay menos del 5% de pobreza y 10% de desempleo. 

En los últimos 20 años la buena imagen peruana –debida a la ruta económica mantenida desde los noventa– hizo al país atractivo para las inversiones. Sería muy perjudicial romper esa buena imagen. La pobreza, el desempleo e informalidad se agudizarán si el Ejecutivo transita por la vía equivocada del colectivismo. “Construir sobre lo avanzado”, ha señalado en su intervención el ex ministro de Economía, Miguel Castilla. Es el caso del buen aprovechamiento del canon minero que eleva considerablemente los presupuestos de las municipalidades, a libre disposición de las autoridades. 

Este año se ha previsto recaudar S/ 12,500 millones provenientes de la minería por concepto de impuestos y regalías. ¡Costará trabajo fiscalizar la calidad del gasto, algo crucial para valorar el aporte de la minería en el “Perú profundo” Los pobladores demandan, con justicia, obras y asistencia en manos de autoridades con poca o casi nula capacidad técnica y de gestión, el principal problema nacional y no otro. Culpar maliciosamente al “sistema” es el caballito de batalla de los comunistas.