La Ley de Hidrocarburos bajo fuego cruzado

Sectores de la izquierda se han pronunciado en contra del proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) que estaría listo para aprobarse en el Legislativo. La Ley permitirá la reducción de importación de petróleo e incrementará la producción nacional de 40,000 a 70,000 barriles diarios. Asimismo, reactivará el sector de hidrocarburos con inversiones que sumarán US$ 5,000 millones para producir 100,000 barriles de petróleo al 2021, y se generarán 5,000 nuevos puestos de trabajo (tres indirectos por cada directo). Las nuevas inversiones aumentará el canon en las regiones petroleras y reducirán el déficit nacional de consumo diario, de 240,000 barriles.

La posibilidad de aprobar la LOH ha encontrado una feroz resistencia del ambientalismo ideológico, organizado alrededor del Frente Amplio (FA), de Marco Arana, y de Nuevo Perú (NP), de Verónika Mendoza. Juan Castillo More, secretario general del Sindicato Unificado de Petroperú - Talara, ex candidato al Congreso de la República por el FA, exige el archivamientos del proyecto, señalando que los pobladores de Piura, Cusco y Lima deben decidir sobre las actividades del sector hidrocarburos. Para el FA y NP, el porcentaje de las regalías “no debe ser irrisorio e ir en contra de los intereses de la nación”.

Leonidas Campos, secretario general de la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (Fenupetrol) sostiene que más importante que las regalías que se negocian antes de los contratos petroleros son los puestos de trabajo, directos e indirectos, que ofrecen las inversiones privadas. “Yo no vivo de las regalías, yo y mi familia vivimos de mi trabajo. Las regalías son para las municipalidades y ya sabemos como terminan allí esas regalías”, enfatiza el dirigente Campos. Más allá de la preocupación del dirigente (los ingresos de los gobiernos locales y regionales son igual de importantes) es interesante que los gremios sindicales comiencen a exigir más inversiones privadas.

Para la ex congresista humalista Verónika Mendoza, el proyecto de LOH pone en riesgo a Petroperú. Por el contrario, el dirigente Campos señala que las actividades petroleras son de alto riesgo y el Estado no está en la capacidad de asumir esos riesgos. “Una exploración en el mar puede costar hasta US$ 10 millones. Y si no hay petróleo, ¿quién repone la inversión del Estado?”, indica.

La situación del sector hidrocarburos es deprimente. Durante el humalismo no se concesionó ningún lote de petróleo, muchas reservas están agotadas y la producción está bajando a 25,000 barriles diarios de petróleo. En ese contexto, la extensión de 40 años para los contratos de petróleo y gas garantiza además los puestos de trabajo.

Después de que el presidente Martín Vizcarra anulara los contratos que estaban listos para ser firmados entre la petrolera Tullow y el Estado peruano —para la explotación de petróleo frente a la costa norte el país—, el primer ministro, César Villanueva, propuso realizar consultas ciudadanas para decidir el futuro de las actividades petroleras. Para el dirigente Campos, tal consulta está fuera de lugar en el norte. Frente a Talara, hace más de 50 años se han establecido las 76 plataformas petroleras que no han ocasionado derrames perjudiciales ni han interferido con las actividades de la pesca artesanal.

El Ejecutivo de Martín Vizcarra parece no tener políticas claras para el sector hidrocarburos. No es posible que desde el Ministerio del Ambiente (MINAM), la titular, Fabiola Muñoz, refuerce la estrategia del ambientalismo en contra de las inversiones privadas en el país, intentando establecer una consulta previa en Piura. “Talara no necesita de otro Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por el contrario, necesita consolidar su actividad petrolera de larga historia, ofreciendo más puestos de trabajo”, sostiene el dirigente Campos.