La izquierda contra producción de litio

 

Con el contrato suscrito entre Active Communication International Systems GmbH (ACI Systems), compañía alemana de investigación y desarrollo de tecnologías, y la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Alemania se asegura el mercado europeo de batería de litio, debido al interés creciente por los vehículos eléctricos, amigables con el medio ambiente. El consorcio alemán-boliviano prevé, a partir del 2022, producir al año 40,000 toneladas de hidróxido de litio en un yacimiento de 70 años de vida útil.

Con ese acuerdo comercial, Evo Morales ha demostrado, una vez más, su pragmatismo en materia energética y económica. Para lograr el acuerdo solicitó al Legislativo boliviano la modificación constitucional que impedía a las empresas estatales bolivianas desarrollar acuerdos con empresa privadas, nacionales o extranjeras. La inversión en marcha, de US$ 1,328 millones de la corporación mixta público privada, industrializará el litio ubicado en el yacimiento Salar de Uyuni (Potosí).

A diferencia del proyecto boliviano, en Perú la izquierda antisistema argumenta que en el país no se puede explotar el yacimiento de litio encontrado en Macusani porque no existe —según la izquierda marxista— un marco legal para producir uranio, asociado a los yacimientos de litio. Es decir, a la izquierda peruana no se le ocurre la posibilidad de reformas legislativas para facilitar el proceso de explotación del recurso natural encontrado en Puno.

Los antimineros organizados alrededor de las ONG ambientalistas, que se han propuesto detener la explotación racional y responsable de nuestros recursos minerales, ignoran que el 21 de noviembre último el congresista Armando Villanueva Mercado, de Acción Popular (AP), presentó el Proyecto de Ley Nº 3652/2018-CR, que establece como prioridad nacional la explotación de minerales radiactivos —uranio (U), torio (Th) y radio (Ra)—, considerados recursos estratégicos.

Según el proyecto, los ministerios de Energía y Minas (MEM), de Ambiente (Minam) y de Economía (MEF), dispondrán la prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización y transporte de los minerales señalados. De la misma idea es el congresista Moisés Guía Pianto, de Peruanos por el Kambio (PpK), quien presentó el Proyecto Nº 1569/2016-CR, planteando un nuevo régimen legal en el que se señalen claramente las competencias del Estado con respecto a la explotación de minerales radioactivos.

La izquierda antiperuana no puede obviar como antecedente el DL Nº 23112, promulgado en 1980, durante el Gobierno de Morales Bermúdez, que establecía la necesidad de explotar uranio. Tampoco la posición del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), que reconoció en su momento que la mencionada Ley posibilita detectar y evaluar la existencia de uranio a fin de determinar su incidencia en la economía nacional.

Mientras Alemania se constituye en abanderada del ecologismo europeo y tiene a Bolivia como socio, Aduviri insiste en señalar que la minería moderna contamina. Propone lo que él llama “la minería de los ancestros”, la minería artesanal, para intentar detener la explotación de litio. Elmer Cáceres, gobernador electo de Arequipa y socio ideológico de Aduviri, señala que Tía María no va.

¿Por qué la izquierda marxista se opone a la explotación del litio peruano? ¿No será, acaso, porque intentar fortalecer un eje político entre Puno, Arequipa e incluso Moquegua, con Bolivia? Para nadie es un secreto la reunión sostenida por el presidente boliviano con los recién elegidos gobernadores regionales de Puno, Walter Aduviri, y Moquegua, Zenón Cueva. Y como todos sabemos, cuánto menos competencia enfrente el proyecto de Bolivia para explotar el litio, en mejor posición estará. Veremos si hay sectores políticos en contra de los intereses nacionales.