La formalización minera en la encrucijada

El proceso de formalización de las minerías pequeña y artesanal ha fracasado de principio a fin; sin embargo, el 31 de diciembre de este año culminará el plazo establecido para cancelar la informalidad minera en el país. En efecto, a fines de este año termina el plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, a partir de esa fecha, el fenómeno de la minería informal en el país se convertiría en minería ilegal.

Para entender la gravedad del problema vale establecer las diferencias entre minería ilegal y minería informal. Las actividades ilegales en minería se desarrollan sobre concesiones otorgadas por el Estado de acuerdo a la Constitución y las leyes nacionales. En ese sentido, la minería ilegal se caracteriza, sobre todo, por violar el derecho de propiedad nacional. Asimismo, la minería ilegal suele desarrollarse en parques nacionales y zonas reservadas, sin responsabilidades fiscales y sin criterios mínimos para la preservación del medio ambiente. La minería informal, por el contrario, se desarrolla sin violar los derechos de propiedad, pero carece de las resoluciones legales y autorizaciones para esta actividad.

En ese sentido, la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar si por una decisión del Estado todos los pequeños mineros y mineros artesanales, de un día para otro, pasan a ser mineros ilegales? ¿Acaso no estaríamos creando un grave problema social que amenazaría la gobernabilidad? Ayer y hoy en Lima se desarrollaron movilizaciones de los mineros informales exigiendo, sobre todo, un replanteamiento del proceso de formalización minera.

En la última década apenas 2,000 unidades productivas se formalizaron. Sin embargo, en el país existen más de 5,000 unidades de pequeña minería que trabajan con alrededor de 400,000 mineros artesanales. El fenómeno social, pues, es enorme.  Planteadas las cosas así vale preguntarse sobre por qué ha fracasado la formalización minera. La respuesta, indudablemente, está en la fallida regionalización del país.

En efecto las direcciones regionales de minería de las regiones están encargadas de tramitar los procesos de formalización. Sin embargo, estas direcciones suelen procesar entre 15 o 20 Instrumentos de Gestión Ambiental (Igafom) anualmente; es decir, los estudios de impacto ambiental para las pequeñas unidades. Considerando que existen más de 5,000 unidades de pequeña minería, el proceso de formalización minera culminaría recién en el 2035. 

Por otro lado, otro cuello de botella en la formalización es la lentitud de la Superintendencia Nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil (Sucamec) para otorgar las autorizaciones de usos de explosivos a los pequeños mineros. Semejante situación determina un mercado de explosivos informal que convierte en imposible la formalización, y también crea un problema de seguridad ciudadana para la sociedad.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo y el Congreso deben proceder a reformular el proceso de formalización minera creando una autoridad nacional encargada del proceso. Una entidad dependiente del Ejecutivo que coordine con todos los sectores del Estado implicados o vinculados con la formalización de la minería.

La urgencia del replanteamiento de la formalización minera adquiere ribetes dramáticos luego de conocer cómo la alianza entre mineros ilegales y el crimen organizado en Pataz desató una ola de violencia contra Minera Poderosa y Aurífera Retama, dos empresas de la minería moderna que pagan impuestos, preservan el medio ambiente, crean empleo y son verdaderos motores antipobreza. La violencia del crimen organizado en Pataz ya ha dejado 9 muertos, 23 heridos y diez torres eléctricas de alta tensión derribadas.

La informalidad minera debe ser incorporada a la legalidad y al proceso de la minería moderna del país, mientras que se combate, se erradica, la minería ilegal que suele atraer a bandas del crimen organizado internacional.