La flexibilidad laboral nos notificará que avanzamos al desarrollo

El día en que el Perú se instaure un régimen laboral basado en la flexibilidad laboral, tal como sucede en todos los países desarrollados que alcanzan el pleno empleo, creemos que empezaremos a avanzar hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque una decisión de ese tipo implicaría que la sociedad y los políticos decidieron abandonar el yugo de la narrativa colectivista, que nos señala que la pobreza de los trabajadores se explica por “la explotación de los empresarios, por la extracción de la maldita plusvalía” del esfuerzo de los productores.

La disyuntiva parece ser relativamente simple. Si se apuesta por la plena flexibilidad laboral en los contratos –tal como sucede en Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y los actuales países nórdicos de Europa–, entonces, estaremos aceptando que la riqueza de una sociedad, la prosperidad de los trabajadores, depende de la inversión privada, la innovación y los mercados. Y por el contrario, si persistimos en la casi estabilidad laboral, en la declaración de derechos y beneficios de los trabajadores, al margen de la realidad y la productividad de las empresas, estaremos aceptando el evangelio marxista que nos señala que “los trabajadores producen la riqueza y los empresarios son los explotadores”.

La legislación peruana establece una estabilidad laboral casi absoluta luego de que, en el 2001, el Tribunal Constitucional se pronunciara señalando que los trabajadores ante el despido tienen la posibilidad de optar por la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización. Semejante decisión constitucional, junto la suma de declaraciones y beneficios de la ley, ha organizado una de las legislaciones laborales más colectivistas de la región. El resultado es incuestionable: según la Organización Internacional del Trabajo más del 75% de los trabajadores está en situación de informalidad.

Si un trabajador despedido puede optar por la posición en el puesto antes que la indemnización, ¿qué significa en términos reales? Que el Estado –la ley– considera que el puesto de trabajo debe existir al margen de la rentabilidad de la empresa, de sus estados financieros o de su productividad en general. Si las cosas son así, entonces se ignora que las empresas que no son viables simplemente quiebran.

Los despropósitos socialistas de la legislación laboral peruana permean a toda la clase política. Allí está la incapacidad del Ejecutivo y del propio Congreso para derogar las normas laborales del gobierno de Castillo que promueven el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios. Y allí también está la imposibilidad de aprobar una nueva ley de promoción agraria en base a la flexibilidad laboral.

Uno de los hechos más paradojales en la actualidad es que todos los trabajadores de los países con legislaciones laborales socialistas, que gozan de la más plena estabilidad laboral y de todas las declaraciones de derechos conocidas, buscan desesperadamente emigrar a los países con la más plena flexibilidad laboral. Allí están los viajes de los cubanos por el mar, arriesgando sus vidas para llegar a las costas de Miami; allí están también las travesías mortales de quienes cruzan la frontera de Estados Unidos, asistidos por mafias y coyotes, para llegar a un país con plena flexibilidad laboral.

La creencia acerca de que protegiendo a los trabajadores con declaraciones formales de derechos y “controlando la explotación de los empresarios” casi se ha convertido en una especie de religión fundamentalista. Las izquierdas siguen creyendo en estas recetas, no obstante que el ideario marxista que se aplicó en los ex países de la Unión Soviética organizó las mayores fábricas de pobreza de la humanidad.