La economía: el gran elector del 2026

El año pasado la economía del Perú entró en recesión, cayendo 0.6% del PBI. Una consecuencia directa del mandato del expresidente Pedro Castillo –que gobernó contra la Constitución, promoviendo la nacionalización de los recursos naturales– la guerra política sin cuartel y las ineficiencias del Gobierno de Dina Boluarte. La inversión privada, que representa el 80% del total invertido en el país, retrocedió durante dos años consecutivos y la recesión fue inevitable.

Sin embargo el problema no es de cifras más o cifras menos con respecto al PBI, sino la aterradora noticia acerca de que la pobreza ha aumentado un 10%. Antes de la pandemia y el Gobierno de Castillo, esta lacra afectaba al 20% de la población, pero hoy está en alrededor de 30%. Con el crecimiento proyectado de menos de 3% para el 2024, parece inevitable que la pobreza siga aumentando.

¿Qué significa todo eso? En primer lugar, que la crisis política está acabando con el milagro económico peruano; y en segundo lugar, que nuestra sociedad se está convirtiendo en una que aumenta la pobreza. Un hecho desconocido en las últimas tres décadas, en las que el modelo económico cuadruplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a solo el 20% (antes de la pandemia). ¿De qué manera el bajo crecimiento y el aumento de pobreza influirán en las elecciones del 2026?

Para responder esta pregunta vale recordar que cuando el Perú era uno de los campeones mundiales en reducción de pobreza, en las elecciones del 2006, del 2011 y del 2021 enfrentó la amenaza del antisistema. La guerra política favorecía la emergencia de las fuerzas anticapitalistas, pero el modelo que reducía la pobreza evitaba que el país se derrumbara. Hoy, la crisis política se combina con un aterrador aumento de la pobreza nacional.

Es evidente, pues, que la crisis política y la crisis económica están construyendo un escenario absolutamente favorable para las fuerzas antisistema. Los líderes de los proyectos bolivarianos ahora podrán argumentar con más facilidad que el régimen económico consagrado en la Constitución, que establece la libertad de precios y mercados y el protagonismo del sector privado, es uno que aumenta pobreza y genera exclusiones. Una falsedad, una leyenda que puede parecer verosímil en una coyuntura adversa para el crecimiento.

Para enfrentar esta adversidad contra el estado de derecho y las libertades, todos los demócratas debemos unir fuerzas para relanzar la inversión privada, el principal motor del crecimiento y la reducción de la pobreza. ¿Cómo se hace? Por un lado, el Ejecutivo debe restablecer el estado de derecho en todas las regiones mineras, y viabilizar los principales proyectos mineros, sobre todo los de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Igualmente el Ejecutivo debe lanzar un shock antiburocrático, que derribe todas las sobrerregulaciones y murallas que ha construido la burocracia progresista. También debe derogar todas las normas laborales promulgadas por Pedro Castillo, que fomentan la guerra de clases (entre empresarios y trabajadores) , y debe restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) con el objeto de recuperar la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo en el campo.

En otras palabras, lo que pretendemos señalar es que los poderes elegidos, que defendieron el estado de derecho del golpe fallido de Pedro Castillo, deben entender que si no se defiende y relanza la inversión privada de nada habrá servido haber salvado la democracia del poder del eje bolivariano, que nos hubiera sumergido en una noche totalitaria, y que buscaba entronizarse en el país por varias décadas.

Como se aprecia con absoluta claridad, la economía, el crecimiento y la reducción de pobreza serán actores fundamentales en las elecciones del 2026.