La economía bajo ataque radical

La ofensiva del radicalismo y de los colectivismos anticapitalistas comienza a crear un efecto real sobre las inversiones y la economía. La minería es atacada so pretexto de contaminaciones. La agricultura de exportación, que ha mejorado el nivel de vida de los pobladores rurales, es boicoteada. Con argucias, la izquierda antisistema detiene numerosos proyectos hídricos necesarios para restaurar y ampliar territorios cultivables. En el sector educativo, en lugar de establecer políticas concretas para mejorar la comprensión lectora, el desempeño en matemáticas, el aprendizaje de inglés y las tecnologías innovadoras se ha introducido en los colegios ideologías relacionadas con el “género” para confundir y manipular a las peruanos desde niños.

Por la economía estancada y falta de oportunidades, más de un millón y medio de jóvenes ni estudian ni trabajan. El crecimiento económico previsto para este año y el próximo no logrará absorber la demanda de empleo de más de 300,000 jóvenes que se integran anualmente a la economía. Asimismo, por la falta de inversiones privadas —principalmente en minería, agricultura e hidrocarburos—, tampoco será posible disminuir la brecha de infraestructura. 

Según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, “Un plan para salir de la pobreza”, elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha de infraestructura a largo plazo totaliza US$ 159,549 millones (dólares de 2015). Es decir, con el crecimiento económico liliputiense de Perú —por la falta de gobiernos con visión de progreso de largo alcance— el país estaría condenado a mediocres, pésimos e inexistentes servicios de agua y saneamiento, comunicaciones, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, colegios, hospitales y otros. Solo en agua potable y saneamiento hay una brecha al 2020 de US$ 6,970 millones. Por ello, cerca de cuatro millones de peruanos no tienen agua potable.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el 87.4% de la población urbana tiene acceso a agua potable por una red pública; y en las zonas rurales, solo el 68.5%. En Antofagasta (Chile), la “perla del norte” con niveles de vida europeos, 12 plantas desalinizadoras abastecen de agua potables a más 600,000 personas. Más de 200 mineras operando en la zona hacen posible el bienestar de la población. A las autoridades peruanas no se les ocurre hacer lo mismo.

Por todo esto, llama la atención que Martín Vizcarra, siendo ingeniero, no se haya preocupado de aquellas obras que podrían aminorar las brechas de infraestructura. En lugar de eso, propone reformas vinculadas al derecho y a la Constitución, temas que desconoce.