La crisis energética que se avecina

El reciente informe de competitividad 2017-2018 del World Economic Forum (WEF), establece que el Perú se ubica en el puesto 72 de un total de 137 países, un retroceso de cinco posiciones con respecto al informe del año pasado. Simplificando un poco las cosas, un país competitivo es uno con alta productividad; y entre los muchos factores que la explican, están el nivel de las infraestructuras y las energías. En el Perú se avecina una crisis energética que puede convertirse en una amenaza real en contra del modelo económico y social.

En la actualidad, en el país tiene una demanda de 6,000 megavatios de energía, pero 3,500 dependen del Gas de Camisea. En otras palabras, alrededor del 60% de la demanda energética es abastecida por una sola fuente. Existen diversos estudios —en base a cifras del Ministerio de Energía y Minas— que señalan que a partir del 2021 podría producirse un “tarifazo” porque la oferta de energía está muy retrasada con respecto al avance de la demanda. Uno de los factores incuestionables de que el Perú entre en una crisis energética, inevitablemente, tiene que ver con la paralización del proyecto del Gasoducto del Sur, que desencadenó el caso Lava Jato.

Ante la escasez de oferta, por ejemplo, el Perú perdería todas sus ventajas comparativas vinculadas a la energía barata con respecto a Chile. No sería nada extraño sostener que el país del sur pasaría a ser más competitivo en minería, sobre todo considerando sus fortalezas institucionales.

El asunto es más complicado de lo que parece. Ante la escasez, en el Perú se tendría que recurrir a la producción de energía con diesel, que representa US$ 200 por megavatio/hora; o, en su defecto, a través de la energía hidroeléctrica, que produce un megavatio/hora por US$ 58 (Sin embargo, los proyectos energéticos demoran ocho años). En comparación con estos costos, un megavatio/hora con gas cuesta US$ 40. Allí reside la enorme importancia de un proyecto como el Gasoducto del Sur.

La ausencia de inversiones en energía y la postergación del Gasoducto del Sur y de diversos proyectos hidroeléctricos, entonces, representan una amenaza real al modelo económico y social —al igual que las del radicalismo antisistema— y se convierte en una espada de Damocles en contra de la libertad económica. Sin la diversificación de las fuentes de energía es incuestionable que se ralentizaría el crecimiento económico y se generalizaría el pesimismo, lo que favorecería a las fuerzas antisistema en el 2021.

Pero allí no termina la gravedad de la situación. El 60% de la oferta de energía en el país depende del tubo del Gas de Camisea que recorre el valle del Río Apurímac y Ene (Vraem), zona en que las columnas terroristas de los hermanos Quispe Palomino siguen desarrollando control político y social, y ejerciendo violencia en contra de las fuerzas del orden del país. En otras palabras, la necesidad de diversificar la oferta energética es un asunto de seguridad ciudadana que debería comprometer las estrategias de los ministerio de Defensa y del Interior.

El caso Lava Jato y las denuncias de corrupción en contra de sectores del nacionalismo no deberían llevarnos a cerrar los ojos y desconocer la enorme importancia que tiene el proyecto del Gasoducto del Sur para el Perú y para la continuidad del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza que el Perú desarrolla desde inicios de los noventa. En todo caso el debate sobre el tema ha estado tan enrarecido por denuncias, suspicacias y especulaciones que hemos olvidado que el 2021 puede apagarse la luz en el Perú.