La burocratización del Estado ya está en agenda nacional

El Estado peruano es uno de los más burocráticos de América Latina, a pesar del espíritu desregulador de la Constitución de 1993 y de los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú. La sobrerregulación del Estado se percibe en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los municipios y en cualquier dependencia del Estado. No es exagerado sostener que el Perú, de una u otra manera, se alejó del crecimiento, del desarrollo que –según diversas proyecciones a inicios del nuevo milenio– se podía alcanzar en el año del Bicentenario pasado, si se seguía creciendo sobre el 6% anual del PBI.

Sin embargo, desde el 2014 el país tuvo un bajo crecimiento, debajo del 3% del PBI anual en promedio, por la extrema burocratización del Estado, que nos restó competitividad mundial en minería, agroindustria, construcción y otros sectores de la economía. En minería, por ejemplo, las sobrerregulaciones en exploración y explotación colocaron al país por debajo de nuestros competidores mundiales: Canadá, Chile, Australia. En agroindustria, luego de convertirnos en un milagro mundial, incrementando las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en dos décadas, se derogó la Ley de Promoción Agraria, para sobrerregular las relaciones de trabajo estableciendo salarios fijos sobre el promedio de la remuneración mínima y promoviendo la sindicalización de los trabajadores. De esta manera se eliminó la flexibilidad laboral y se paralizó cualquier nueva inversión en el sector.

Pero no solo se trata de la gran inversión. La pequeña y la mediana suelen huir de las sobrerregulaciones del Estado y se refugian en la informalidad. De allí que no sea extraño que alrededor del 60% de la economía y la sociedad participe de algún nivel de extralegalidad. En el Perú cerca del 80% de las micro y pequeñas empresas y más del 75% de los contratos de trabajo padece de algún nivel de informalidad.

Algo más. La mayoría de las regiones con más de 40% de pobreza de la población suelen tener más de 80% de la economía en informalidad. En resumen, la burocratización del Estado bloquea la inversión privada, destruye el crecimiento y se convierte en la principal fuente de pobreza e informalidad. Si el modelo, si el mercado, no funcionan con más eficiencia es porque el Estado se ha convertido en enemigo de la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza.

En este contexto, el Ejecutivo acaba de formar una Comisión Multisectorial encargada de eliminar las barreras burocráticas que enfrentan al Estado con la sociedad y los ciudadanos. La mencionada entidad será presidida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por los ministros de Ambiente, de Trabajo y de Promoción del Empleo, de Economía y Finanzas, de Vivienda, de Energía y Minas y de Transportes y Comunicaciones.

La conformación de la mencionada comisión llamó la atención de algunos especialistas porque solo está integrada por los ministerios; es decir, por los sectores convertidos en una especie de divinidad por las sobrerregulaciones en contra de la ciudadanía. En este contexto, ¿cómo así se van a recoger las demandas de la sociedad o se va a desarrollar esa mirada de abajo hacia arriba que demanda una lucha contra la burocracia nacional?

En ese sentido, la lucha contra la burocratización del Estado demanda una mirada diferente, desde la sociedad, desde las regiones o los ciudadanos afectados. Asimismo, se requiere entidades independientes de las autoridades que crean los procedimientos para proceder a simplificar al Estado. En ese contexto, la propuesta de la congresista Adriana Tudela, de darle rango constitucional autónomo al Indecopi, es una iniciativa acertada. Las comisiones de eliminación de barreras burocráticas de la mencionada entidad pueden convertirse en piezas claves de la lucha contra la burocracia.

Sin embargo, al margen de cualquier error, es incuestionable que la lucha contra la burocratización del Estado ya forma parte de la agenda nacional.