Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
Por diversos estudios, investigaciones y pronunciamientos, se conoce que desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), se han perdido inversiones en aproximadamente 30,000 hectáreas. Para entender la magnitud de las cosas, vale recordar que el milagro agroexportador del Perú de la actualidad se desarrolla sobre una extensión de aproximadamente 150,000 hectáreas. No más.
Asimismo Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), en entrevista con este portal, acaba de señalar que en noviembre y diciembre del año pasado se perdieron aproximadamente 200,000 empleos; y en enero del 2024, otros 100,000 empleos. En otras palabras, con la derogatoria de la mencionada norma se pierden aproximadamente 100,000 puestos de trabajo por mes. Una verdadera locura.
En economía las malas leyes simplemente aniquilan la productividad de los sectores económicos. Una de las ventajas de la Ley 27360, derogada irresponsablemente por el gobierno provisional de Sagasti, era que establecía la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. De esta manera, algunas empresas agrarias llegaban a contratar hasta 10,000 trabajadores, con todos los derechos sociales reconocidos, de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha.
El empleo formal en la agricultura es el que más creció bajo el imperio de la ley derogada. En el 2004 existían 460,000 empleos formales, entre directos e indirectos, y en la actualidad se suman más de un millón de empleos. Por otro lado, las remuneraciones de los trabajadores agrarios estaban muy por encima del promedio nacional de la remuneración mínima vital, mientras que la pobreza en las regiones agrarias descendía por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza bajó hasta debajo del 6% de la población, no obstante que el promedio nacional se acercaba a un tercio.
La nueva ley agraria del gobierno de Sagasti, la Ley 31110, fue promulgada considerando todas las narrativas y fábulas de la izquierda, que identificaban la prosperidad de los trabajadores sobre la base de “las luchas en contra de los empresarios”. Por ejemplo, la nueva norma promueve la sindicalización artificial de los trabajadores del campo y la negociación por rama. Asimismo, fomenta la contratación preferencial de los trabajadores previos. Pero lo más grave: penaliza la productividad agraria estableciendo un bono especial para el trabajador agrario (BETA), que implica una remuneración superior en 30% a la remuneración mínima vital nacional. ¿Por qué? Nadie lo sabe, a menos que el objetivo fuera detener en seco el milagro agroexportador.
La flexibilidad laboral, pues, fue borrada de un plumazo por el gobierno provisional del progresismo. Y el resultado es devastador. Desde esa fecha no se conocen de nuevas inversiones, y la pérdida de empleos es tan evidente que los propios sindicatos y organizaciones, que antes pedían la derogatoria de la Ley 27360, hoy exigen que se restablezca su vigencia o una nueva ley promotora del sector.
El potencial agroexportador del Perú demanda con urgencia aprobar una nueva ley de promociones en la agricultura, no solo considerando al sector moderno de la agricultura –que se desarrolla en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura–, sino también para los más de dos millones de minifundistas que conducen predios de menos de cinco hectáreas, y que abarca el 95% de las tierras agrícolas.
En cualquier caso, el Ejecutivo y el Congreso tienen la palabra.
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