Incoherencias del Ejecutivo frente a las agroexportaciones

El Perú es un país llamado a convertirse en una potencia agroexportadora mundial, en una verdadera despensa planetaria de frutas y hortalizas. Vale anotar que, en apenas dos décadas y utilizando el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (250,000 hectáreas), el país se convirtió en una potencia agroexportadora. Sin embargo, en el Ejecutivo, en el Congreso y la clase política no se entiende este potencial.

Por ejemplo, el Perú le podría ganar al desierto alrededor de 400,000 nuevas hectáreas para la agroexportación –que se sumarían a las 250,000 existentes– sobre la base de siete proyectos hídricos, siempre y cuando se convoquen inversiones en predios que generen economías de escala y alta intensidad de capital y tecnología. Es la única manera de crear locomotoras que jalen a los más de dos millones de minifundistas –que conducen el 95% de las tierras agrícolas– hacia la agroexportación para superar la pobreza y la economía de sobrevivencia.

En este contexto, vale analizar los últimos anuncios del Ejecutivo con respecto a las agroexportaciones. Se ha anunciado el destrabe de la III Etapa de Chavimochic, que irrigaría 60,000 nuevas hectáreas del desierto, mejoraría 40,000 existentes y garantizaría el sistema de agua potable de la ciudad de Trujillo. El anuncio del Ejecutivo nos habla de un contrato de gobierno a gobierno adjudicándose a Canadá la culminación de la Represa de Palo Redondo (faltan obras entre un 20% y 30%) y la construcción del sistema de sifón. Sin embargo, para regar las 60,000 nuevas hectáreas se necesita construir un canal madre que llevaría el agua a lo largo de todo el proyecto. El canal madre no está contemplado en el acuerdo con Canadá.

El destrabe de la III Etapa de Chavimochic, pues, es a medias y dependerá de las acciones del próximo gobierno. Pero lo más lamentable en los anuncios del Ejecutivo es que se ha perdido o relativizado el concepto de asociación pública privada (APP) por una gaseosa actividad de gobierno a gobierno. ¿A qué nos referimos? En la modalidad de APP se otorga una concesión a un privado por algunas décadas y la totalidad de la inversión corre a cargo del inversionista; y por otro lado, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura también es responsabilidad del concesionario privado.

El concesionario invierte, se encarga del mantenimiento y la venta de las tierras con un solo criterio: atraer inversiones en economías de escala y con alta intensidad de capital y tecnología.

Igualmente, el Ejecutivo acaba de anunciar que se ha otorgado la buena pro para elaborar el expediente técnico del proyecto Chinecas, en Ancash, el que, a través del represamiento de las aguas del río Santa, posibilitará ganar 50,000 nuevas hectáreas al desierto y mejorar más de 33,000 ya existentes. Sin embargo, en los anuncios del Ejecutivo no hay claridad sobre lo que significa la modalidad de las APP como mecanismo de inversión y gestión de los proyectos.

Si en el Ejecutivo no se ha entendido que la agricultura necesita inversiones intensivas en capital y tecnología –en base a predios que generen economías de escala– como la única estrategia posible para sacar a más de dos millones de minifundistas de la pobreza y de la agricultura de sobrevivencia, no se ha entendido nada. Únicamente se están lanzando fuegos de artificio.

La única forma de convocar inversiones intensivas en capital y tecnología es a través de la modalidad de inversión de las APP. ¿Por qué? Porque el privado que invierte millones de dólares buscará la mayor rentabilidad para las tierras que entren a la venta. Si el Estado es el vendedor, el peor administrador en nuestra sociedad, “los criterios sociales, las influencias populistas e izquierdista”, llevarán a resucitar el minifundio en las tierras ganadas al desierto. Como todos sabemos ya, “el discurso social” es el mejor pretexto para que los burócratas se corrompan y perpetúen la pobreza.