Gobierno de espaldas a la pesca y la acuicultura

Días atrás se publicó el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprobó la Política General de Gobierno para el periodo 2021- 2026. Dicho documento fue firmado por el presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez; no obstante, no hay en el texto una sola línea sobre el sector pesquero y acuícola.

No es un secreto el sesgo colectivista y estatista de la administración Castillo. Vale recordar que el propio mandatario durante su campaña electoral sostuvo en varias ocasiones que incrementaría los impuestos al sector pesquero, sobre todo al industrial. Sin embargo, en un documento de tanta importancia como la Política General de este gobierno para los próximos cinco años, no hay un solo párrafo sobre las acciones que el Estado desarrollará en el sector pesquero y acuícola. Algo preocupante ¿Yerro, desidia o simplemente ineptitud?

Consideramos que la administración Castillo debe corregir de manera inmediata semejante desatino y asimismo –a pesar de las anteojeras ideológicas– reconocer que la única manera de desarrollar y fortalecer la pesca (tanto industrial como artesanal) y la acuicultura es fomentando las inversiones privadas, eliminando las normativas absurdas y reduciendo al mínimo la inmensa tramitología estatal. Para entender la importancia de este sector, basta decir que en la última temporada de pesca industrial de anchoveta nuestro país exportó más de US$1000 millones y se crearon más de 400,000 puestos de trabajo.

¿Pero qué debería hacer este gobierno de manera inmediata? Por ejemplo, debe diseñar un nuevo ordenamiento pesquero para el sur peruano, alejado de los intereses políticos o mercantiles y con un absoluto rigor científico.

Como ya lo dijimos, durante el humalismo se eliminó el régimen pesquero de anchoveta en la zona sur del Perú (Arequipa, Moquegua y Tacna) y se obligó a que la pesca de anchoveta industrial se desarrolle desde la milla 5 hacia adelante. Antes del Gobierno nacionalista la pesca de anchoveta se realizaba desde la milla 1, como actualmente se hace en Chile (que pesca en promedio más de un millón de toneladas anuales). Semejante error de política pesquera generó el cierre de plantas industriales y dejó a 6,000 personas sin trabajo.

Además, el nuevo gobierno debe diseñar una ley para el sector acuícola. Vale indicar que en el 2017, a través del Decreto Legislativo Nº 1413, se incluía a la acuicultura en la aplicación del artículo 4 de la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario. Por sus similitudes, la acuicultura tenía todas las prerrogativas del sector agrario, entre ellas el incentivo del pago de 15% del Impuesto a la Renta. Con la derogación de la Ley de Promoción Agraria por el Congreso populista, hace algunos meses, el sector acuícola se quedó huérfano, y ahora tiene que pagar el 29% del impuesto a la renta.

El sector acuícola, que en el 2014 producía 115,000 toneladas métricas (TM), pasó a 143,000 TM en el 2019. No solo eso, de los 10,000 puestos de trabajo que generaba en el 2014 pasó a crear más de 30,000 puestos formales en el 2019, con el 40% de la participación de las mujeres.

Si el gobierno de Castillo solo desarrollara estas dos iniciativas entonces tendríamos a la pesca y la acuicultura como dos puntales del crecimiento económico, en estos precisos momentos en que se necesita con urgencia que se prendan los motores económicos.