Formalización minera elimina uso de mercurio

El Convenio de Minamata (Japón) sobre el mercurio, entró en vigencia en el Perú el 16 de Agosto de 2017. Es un Tratado Internacional para eliminar la utilización del mercurio en todas las actividades industriales y que, de una u otra manera, tendrá enormes efectos en la lucha contra la “minería” que depreda bosques y afecta la salud de los peruanos mediante la utilización de este insumo. Por ejemplo, se conoce que el Ejecutivo prohibirá la importación de mercurio; y que se acaban de producir cambios importantes en la cúpula de la policía que han permitido avanzar en la lucha contra la minería depredadora en Madre de Dios.

Sin embargo, vale recordar que en nuestro país existen minas tradicionales de mercurio (azogue) en Huancavelica que, ante el fracaso de la formalización en la minería artesanal, pueden permitir que la minería ilegal (que se realiza en bosques y parques protegidos) utilice y potencie la producción de mercurio en esa región. La implementación del Acuerdo de Minamata en Perú, entonces, solo será efectiva si se avanza en la formalización minera. Es más, sin formalización, la aplicación del convenio podría terminar relanzando la producción del mercurio nacional (por la prohibición de importaciones).

Cuando se señala que la política de formalización minera es un tremendo fracaso nadie exagera. Por ejemplo, de alrededor de 400,000 mineros artesanales, solo 5,000 tributan al Estado. Es decir, 395,000 productores artesanales están en situación de informalidad. Se ha proyectado que alrededor de US$ 2,500 millones en oro se exportan anualmente en contrabando. En este contexto, no hay dudas de que resulta correcto hablar de fracaso.

La política de formalización minera del Estado se basa en la legislación promulgada durante el nacionalismo, cuando Manuel Pulgar Vidal era ministro de Ambiente. Por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 1100 estableció que un productor artesanal debía presentar las declaraciones juradas de los últimos años, los contratos para explotar el mineral, el cálculo de las reservas probadas y el RUC correspondiente. Es decir, se exigía los mismos requisitos demandados a la gran minería formal. Y es imposible que un informal cumpla con esos requerimientos.

Por estas razones, del total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 formularon una declaración de compromiso para entrar al proceso de formalización, apenas 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento legal, y únicamente 113 lograron la plena formalización. Terrible estadística que revela el fracaso del proceso.

Si a estos hechos le sumamos que la conducta de entidades del Estado como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio de Ambiente, y la Policía Nacional priorizan las multas, embargos e interdicciones, antes que promover políticas de formalización, se entenderá con más claridad por qué se habla del fracaso de la formalización minera.

Es incuestionable, pues, que si el Perú pretende implementar el Acuerdo de Minamata para eliminar el uso del mercurio de las actividades mineras, el camino más certero es modificar la política de formalización del Estado e incorporar a los productores artesanales a la legalidad para recaudar impuestos y preservar el medio ambiente. Solo así se eliminará para siempre la utilización del mercurio, que daña irreparablemente la salud de las personas.