Flexibilidad laboral para salvar el empleo y la inversión privada

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha comenzado a desarrollar políticas laborales en contra de cualquier criterio económico y cualquier tendencia de la economía mundial: se pretende regular todos los aspectos de la relación laboral, se crean derechos al margen de la productividad de las empresas, y se busca un universo repleto de sindicatos por rama que negocian con grandes sectores de la economía. Se trata de la llamada “Agenda 19”, programa laboral que busca estatizar las relaciones laborales.

El programa laboral del Gobierno de Pedro Castillo avanza en contra de las tendencias de la IV revolución industrial, que empuja a la digitalización en innumerables actividades y, por lo tanto, demanda flexibilidad en las relaciones laborales. Para entender la magnitud de estos delirios, basta señalar que en el Ejecutivo se avanza a contracorriente de las economías de capitalismo de Estado en China y Vietnam, dos gobiernos comunistas que aplican la absoluta flexibilidad laboral para promover y multiplicar inversiones. 

Pero la propuesta del gobierno de Castillo no solo avanza en contra de las tendencias mundiales, sino que ignora absolutamente la realidad nacional: el 85% de las relaciones laborales son informales. El motivo: el 80% del empleo es provisto por pequeñas y medianas empresas (pymes) que no pueden pagar los inalcanzables costos laborales de la formalidad. ¿Cómo es posible entonces que se proponga estatizar las relaciones laborales? ¿Por qué el Congreso no detiene este proceso de estatización que desatará una ola de quiebras en el sector privado o el aumento exponencial de la informalidad laboral? Todo es una suma de despropósitos.

El MTPE ha derogado la tercerización de las relaciones laborales en las “actividades neurálgicas de las empresas”. Como resultado, en el acto, se perderán cerca de 100,000 empleos, según anuncian diversos gremios empresariales. Pero eso no es lo más grave. Las empresas mineras que tienen cerca de 3,000 contratos de tercerización con las comunidades y poblaciones de las áreas de influencia directa de las minas se verán obligadas a cortar esos vínculos laborales. El resultado: las poblaciones perderán los contratos de servicio y se presentará un aumento de los conflictos, que pueden convertir a la minería en un campo de batalla.

Algo parecido puede suceder con las agroexportadoras, que desarrollan decenas de contratos de tercerización. En fin, la decisión del Ejecutivo es una verdadera bomba nuclear contra el empleo y la inversión. 

Sin embargo, la experiencia mundial y de nuestro propio país nos indica que a mayor flexibilidad laboral más empleo y más inversión privada. Por ejemplo, según los diversos informes de la fundación Heritage, los países con mayor flexibilidad laboral del planeta –tales como Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda. Estados Unidos, Holanda y Dinamarca–, tienen tasas de desempleo que fluctúan entre 3% y 5 % de la PEA. En esos países hay tanto empleo que los trabajadores deciden dónde trabajar.

En el Perú, hasta antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía un régimen flexible para contratar y despedir en el agro de acuerdo a la estacionalidad de las actividades (siembra, cosecha y mantenimiento), en algunas regiones agroexportadoras, como Ica, existía el pleno empleo. Es decir, faltaban trabajadores. En ese escenario los propios trabajadores decidían dónde trabajar (como en Estados Unidos) y, evidentemente, las remuneraciones estaban largamente por encima del mínimo vital fijado por el Estado.

En vez de convertir a la Ley de Promoción Agraria en la base legal de la reforma de todo el sistema laboral peruano se derogó la norma durante la pasada administración Sagasti. Y ahora el Gobierno de Pedro Castillo pretende colectivizar las relaciones laborales ignorando la realidad mundial y la informalidad del país.