Fin de la leyenda del “trabajador explotado” y ¡flexibilidad laboral ya!

Una de las fábulas más nocivas en la lucha contra la pobreza y la exclusión que han construido las corrientes marxistas y las izquierdas es la que señala que “los trabajadores producen la riqueza y que los empresarios son los explotadores, los chupasangres de la riqueza de los pueblos”. Si esa leyenda, si esa creencia, si esa especie de dogma religioso profano fuese verdad, entonces solo bastaría expropiar la propiedad privada, colectivizar la economía y empujar la producción de los trabajadores. 

Luego del siglo XX y a inicios del XXI, semejante hechicería ya no es una simple narrativa, porque bajo el sistema soviético se desarrollaron las mayores expropiaciones de la historia de la humanidad, se colectivizó toda la economía y, supuestamente, “los trabajadores empezaron a producir la riqueza”. Sin embargo, el experimento soviético, las mayores expropiaciones de propiedad privada de la historia, se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza. Por eso se cayó el Muro de Berlín y el sistema soviético implosionó y se rindió ante el libre mercado y el capitalismo.

A pesar de que la realidad y la historia han hecho añicos a la fábula marxista sobre la riqueza creada por los trabajadores, en el Perú y América Latina se sigue aceptando ese fundamentalismo profano. Por ejemplo, luego de un año del fracaso del golpe de Pedro Castillo y del eje bolivariano, ni el Ejecutivo ni el Congreso se atreven a derogar los decretos laborales promulgados por gobierno de Perú Libre y el Movadef , que prohíben la tercerización laboral, promueven la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos y grupos, y que también fomentan el libertinaje en el ejercicio del derecho de huelga. Como todos sabemos, el objetivo de estas normas era promover “la guerra de clases” entre empresarios y trabajadores, porque “se explota al trabajador”.

Otro de los hechos que deja en claro que el mito del trabajador explotado sigue dominando los sentidos comunes de nuestra clase política y el espacio nacional tiene que ver con que nada se ha hecho frente a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que, sobre todo, promovía la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en los países desarrollados y en la mayoría de los mercados populares del país. Ni el Ejecutivo ni el Congreso se atreven a restablecer la vigencia de la Ley 27360 o aprobar una normatividad diferente.

La ley agraria que promovió el gobierno provisional de Francisco Sagasti es un monumento a la ideología colectivista. En un arranque de la llamada justicia social del progresismo, la señalada norma estableció una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) que implica pagar un salario de 30% por encima de la remuneración mínima vital. Considerando que los costos laborales de las empresas agrarias representan alrededor del 60%, estamos ante un claro intento de estatización. Existen algunas agroexportadoras que llegan a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores con todos los derechos sociales reconocidos; sin embargo, con el intento de controlar los salarios para evitar “la plusvalía explotadora de los trabajadores”, simplemente se ha detenido la formalización del empleo. He allí una de las razones del porqué no existen nuevas inversiones en agroexportaciones. 

Todos los países que han alcanzado el desarrollo han establecido contratos de trabajo en base a la flexibilidad laboral. Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y los países nórdicos, reconocen la flexibilidad laboral porque entienden que la fuente de la riqueza proviene de la permanente innovación y la demanda de los consumidores en los mercados. Y una de las paradojas de esta fábula marxista: los ciudadanos sin flexibilidad laboral en sus países son los migrantes ilegales que llegan a los países con flexibilidad laboral. Todos quieren migrar a Estados Unidos. Nadie a Venezuela.