¡Enemigos del Perú destruyen agroexportaciones!

Según algunas evaluaciones en el sector agroexportador, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), se ha dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas (ha) ganadas al desierto y que se podrían sumar a las 250,000 ha actuales en las que se despliega el milagro agroexportador peruano. La sola proyección de esa cantidad de hectáreas sin las inversiones correspondientes revela que el ciclo de crecimiento vertiginoso de las agroexportaciones ha culminado y, de una u otra manera, ha empezado un peligroso declive, no obstante que todavía se registra un crecimiento real en los envíos al exterior debido a la inercia de las inversiones previas.

La derogatoria de la Ley 27360 eliminó los regímenes tributario y laboral promocionales para todo el agro, no solo para las empresas agroexportadoras, sino para los más de 2.2 millones de minifundistas que conducen el 95% de los predios agrícolas en el país. Una de las cosas que más afecta a la productividad y competitividad de las agroexportaciones es la eliminación de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que posibilitaba contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores, con todos los derechos sociales, de acuerdo a la estacionalidad del sector: siembra, mantenimiento y cosecha. 

La flexibilidad laboral posibilitó incrementar el empleo formal de 460,000, entre directos e indirectos, a más de un millón de la actualidad, y permitió que la pobreza en las regiones agroexportadoras bajará por debajo del promedio nacional. En Ica, la pobreza está debajo del 6% nacional, mientras a nivel nacional llega a un tercio de la población.

La eliminación de la flexibilidad laboral por el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez fue, pues, la estocada mortal en contra del milagro agroexportador. De esta manera el progresismo, al igual que el comunismo y el colectivismo lo hacen con la minería, se convirtió en el gran destructor de un sector que genera empleo masivo, que diversifica y complejiza la economía y que expande prosperidad en toda la sociedad.

La nueva ley agraria del progresismo, la Ley 31110, pretende convertir el sector agrario en un universo de sindicatos y negociaciones colectivas. En ese sentido, promueve la negociación colectiva y el sindicalismo artificial. Igualmente fomenta la contratación preferencial de los trabajadores previos. Pero lo más grave, inaceptable e inconstitucional: establece un bono especial para el trabajador agrario (BETA) que obliga a pagar un salario sobre el 30% de la remuneración mínima vital nacional. Así, pues, el progresismo penaliza al sector que más ha incrementado el empleo formal en los últimos años.

Las empresas agroexportadoras, que sumaban entre 50% y 60% en costos laborales, con semejante intento de colectivización de los salarios perdieron competitividad. Y es natural que la tendencia colectivista de la nueva ley agraria explique que se haya dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto.

Una de las cosas que más sorprende de esta situación es que luego del fallido golpe de Pedro Castillo y luego del actual repliegue del nocivo progresismo, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso existe la voluntad de derogar la ley Sagasti, que tanto daño causa en el agro nacional. Es como si las corrientes de centro derecha tuviesen temor de aparecer “al lado del sector privado y en contra de los intereses de los trabajadores”.

En cualquier caso, resulta una clara señal del triunfo cultural de las izquierdas sobre toda la llamada clase política, en medio de una recesión y una clara tendencia al bajo crecimiento.