¡En peligro producción de cobre en el corredor vial del sur!

Una vez más el Estado será la causa de problemas y conflictos sociales que algunos pretenderán arrimar al sector privado, que genera el 80% de los ingresos fiscales y provee el 80% del empleo en los mercados formales e informales de la sociedad. Sucede que tres meses atrás dejó de tener vigencia el decreto supremo que autorizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Provías) a comprar los predios que, de una u otra manera, generaban conflictos y diferendos en el corredor vial del sur. Es decir, en la vía nacional por donde se moviliza cerca del 40% de la producción de cobre nacional, sobre todo de Cusco y Apurímac.

Hasta antes del vencimiento de la vigencia de la referida norma el Estado apenas había avanzado en la compra del 30% de los predios que se proyectaron para garantizar la paz social en el corredor vial del sur. Es lógico concluir que con el vencimiento del plazo se ha generado una situación que puede devenir en nuevos conflictos sociales, considerando los antecedentes y la cercanía de la campaña electoral.

Como todos sabemos el llamado corredor vial del sur se consideró una vía nacional a partir del 2019 –ante se clasificaba como vía regional–, y desde esa ocasión se convirtió en el espacio privilegiado de algunos sectores de la población y del radicalismo antiminero para desarrollar bloqueos y estrategias extorsivas en contra de las empresas formales que invierten miles de millones de dólares en grandes proyectos mundiales de cobre. 

Por ejemplo, en el 2022, Las Bambas, una megainversión de US$ 10,000 millones de dólares, con una proyección de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre, apenas produjo 220,000 toneladas por los bloqueos en la vía que derrumbaron la producción a la mitad. Vale señalar que, en ese entonces, la señalada mina acumulaba 580 días de bloqueos en el corredor vial desde el inicio de las operaciones. 

El argumento de los sectores radicales para bloquear la vía es que los camiones de las empresas formales que transportan el mineral generan polvo en el medio ambiente. Sin embargo, los camiones de Las Bambas están encapsulados para proteger el medio ambiente, a la población y garantizar una operación limpia.

Lo más trágico, lo más paradójico, es que todas estas acciones en contra de la minería moderna no solo han paralizado y demorado las operaciones formales, sino que han alentado la minería ilegal de cobre que se multiplica en diversas zonas del corredor vial del sur. Se calcula que más de 300 camiones de la minería ilegal se desplazan diariamente por el corredor vial del sur, pero estas unidades no tienen ninguna consideración con el medio ambiente ni la población: avanzan con las tolvas descubiertas regando el mineral que se lleva a las plantas de beneficio, levantando un polvo peligroso para la salud, luego de destruir el medio ambiente con la lixiviación artesanal que desarrollan para separar el cobre de los yacimientos explotados.

Sin embargo, el desastre ambiental que desata la minería ilegal no merece ninguna reacción de los sectores que siempre enfilan en contra de las empresas formales que cumplen con los más altos estándares ambientales del planeta, pagan impuestos y crean empleo formal.

Por todas estas consideraciones el grave yerro del MTC en la compra de los predios vinculados al corredor vial del sur puede convertirse en el pretexto para reavivar los conflictos sociales que atizan abogados inescrupulosos, mineros ilegales y sectores extorsivos que exigen recursos al margen de la Constitución y las leyes.