En peligro la distribución eficiente de medicamentos

Un proyecto de ley en el Congreso pretende que se autorice la venta directa de medicamentos al consumidor por parte de los laboratorios, droguerías, distribuidoras, establecimientos comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia. 

¿Qué significa que cualquier privado puede vender directamente los medicamentos? Una primera impresión es que se aumenta la cobertura de comercialización a favor del consumidor. Sin embargo, en un país con tanta informalidad y ausencia de sistemas de control, ¿acaso no se está promoviendo la informalidad en la comercialización de los medicamentos? ¿La falsificación de medicinas no se convertiría en una industria incontrolable?

De otro lado, el proyecto mencionado, de una u otra manera, promovería la automedicación de los pacientes, porque los sistemas de control de medicinas evidentemente se relajarían. Como sabemos, todas las políticas en el Perú y el mundo tienden a eliminar la automedicación, de allí que en los países desarrollados y con los mejores sistemas de salud, el sistema de farmacias y comercialización de medicamentos se sujete a controles y regulaciones estrictos.

El mencionado proyecto de ley –impulsado por la bancada de Podemos en el Congreso–, de una u otra manera, se hace eco de las campañas que demonizan el sector privado de farmacias y que esconden la realidad y el fracaso del Estado. Únicamente así se puede entender un proyecto que busca desarmar el sistema de farmacias privadas y cambiar la ley general de salud, la ley del trabajo químico farmacéutico y el reglamento de establecimientos farmacéuticos.

Las campañas de demonización del sector privado farmacéutico arreciaron durante la pandemia del Covid, sobre todo por la falta de genéricos y tratamientos para enfrentar el avance del virus. En determinado momento, durante las administraciones de Vizcarra y del propio Castillo, se habló de control de precios para evitar “los precios altos”.

Semejante campaña en contra del sector farmacéutico privado escondía la verdad del problema: en el país el 80% de la oferta de medicinas está a cargo del Estado, a través de establecimientos del Ministerio de Salud, Essalud y Fuerzas Armadas y Policiales. El 20% restante está a cargo del sector privado. Si los genéricos contra el Covid se acabaron y solo quedaron las medicinas de marca (que cuestan más) es por única responsabilidad del Estado. Las farmacias privadas no pueden asumir el fracaso del 80% de la oferta de medicinas. Es imposible.

Ante este hecho, es evidente que la solución del problema pasa por aumentar la oferta privada de medicinas, convocando mayores inversiones en el rubro. Sin embargo, no se trata de eliminar el sistema de controles y regulaciones para “que todos ingresen a la actividad”, como pretende el señalado proyecto de ley en el Congreso.

Vale subrayar que la informalidad en la comercialización de medicinas no afecta cualquier derecho, sino nada menos que el derecho a la vida y la salud. Y como todos sabemos, la informalidad siempre afecta a los más pobres, a los más vulnerables.