En 13 días de paralización de Las Bambas, el Perú pierde US$ 110 millones

Ahora que el Ejecutivo intenta crear humaredas y echar denso humo sobre la tragedia nacional que ha causado con la propuesta de la asamblea constituyente, vale recordar que el Gobierno de Perú Libre, en la práctica, le ha quitado al Perú su condición de segundo productor mundial de cobre en el preciso momento en que la libra del metal rojo alcanza US$ 4.80. Un récord histórico nunca imaginado. ¿Cuántas posibilidades de reducir la pobreza se pierden?

En realidad, hoy el Perú está en riesgo de perder su condición de segundo productor mundial de cobre, sobre todo considerando los días de producción paralizados en Las Bambas y Cuajone, que representan cerca del 30% de la producción del metal rojo en el país. Si a esta realidad le agregamos otras paralizaciones, el agotamiento de los yacimientos y la ausencia de nuevas inversiones, la caída en la producción de cobre está absolutamente explicada.

En vez de que el país se lance a captar nuevas inversiones y a concretar su cartera de proyectos mineros, los resultados del Gobierno de Castillo y de Perú Libre con las minas del cobre se asemejan a la devastación causada por un ejército de invasión extranjera. Por ejemplo, a pesar del superciclo de los precios de los minerales, el Banco Central de Reserva acaba de informar que en el 2023 la inversión minera caerá en más de 15%. Vale señalar que en el superciclo de precios de la década pasada, el crecimiento de la inversión minera superó el 150%.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), igualmente, acaba de informar que los 13 días de la nueva paralización de la producción en Las Bambas significan pérdidas para el Perú por más de US$ 110 millones. Como todos sabemos, sectores de la comunidad de Fuerabamba, comunidad del área de influencia directa de la mina, han invadido el campamento minero obligando a la paralización de la producción.

Vale recordar que Las Bambas acumula más de 470 días de paralizaciones por los bloqueos del corredor vial del sur por comunidades de las provincias de Chumbivilcas y Espinar, emplazadas a más de 100 y 200 kilómetros de la operación minera. Obviamente se trata de zonas fuera de la zona de influencia directa de la mina. Al respecto la SNMP informa que el Estado ha perdido aproximadamente S/ 62.5 millones por conceptos de canon y regalías como producto de la acción de las minorías radicales que plantean demandas absurdas a Las Bambas, como si se tratara del Estado nacional.

Ahora bien, la pregunta que todos se formulan es por qué el Gobierno de Castillo ha renunciado a ejercer la autoridad democrática, a aplicar la Constitución y la ley en las áreas mineras, cuando los precios de los minerales alcanzan récords históricos. Desde el sentido común es imposible entender esa conducta. 

Sin embargo, poco a poco se van conociendo las intenciones del Gobierno de Perú Libre. Se busca convertir las zonas mineras en territorios de guerra social, de enfrentamientos entre empresas y poblaciones, y entre las propias poblaciones y comunidades. Sobre esa base se pretende acabar con el sistema de propiedad de las minas, consagrado en la Constitución, en las leyes nacionales y los contratos. En medio de la destrucción de la minería nacional el objetivo es estatizar las minas del cobre, a semejanza de lo que sucedió con el petróleo en Venezuela y el gas en Bolivia.

Sin embargo, cuando el Estado impone la autoridad se restablece la paz social. Se declaró el estado de emergencia en el distrito de Torata en Moquegua y los trabajadores de Cuajone recuperaron el agua del reservorio de Viña Blanca para el consumo humano y la producción del complejo minero.

La crisis y la situación de Las Bambas, a nuestro entender, es otra manera de entender el derrumbe del Gobierno de Pedro Castillo.