El Perú necesita ley de empleo juvenil

Hasta el momento no existe una firme decisión por parte del Legislativo para hacer realidad el proyecto de ley 1104/2016-PE, del 21 de marzo del año 2016, presentado por el Ejecutivo sobre el empleo juvenil. Según este proyecto, los jóvenes de 18 a 29 años tendrán acceso a un contrato de trabajo con los mismos derechos laborales que protegen a los demás trabajadores; además se reducen los gastos de contratación, y se propone que el Estado se haga cargo por tres años de la seguridad social de los jóvenes contratados. Es decir, el pago de seguro médico en Essalud. Según Alfonso Grados, ministro de Trabajo, la iniciativa podría reducir hasta un 9% los costos de planilla de las empresas privadas, y permitiría que cada año 50,000 jóvenes accedan a un trabajo formal.

Al respecto,  la Comisión de Trabajo del Congreso, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señala que el proyecto es viable, mientras que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) manifiesta su rechazo. Argumentos fuera de la realidad y falsedades con clara intencionalidad política por parte de los sectores de la izquierda han detenido la iniciativa del Ejecutivo. Además, otros representantes de gremios de los empleadores y trabajadores no han enviado en su oportunidad una opinión formal sobre el proyecto a la Comisión de Trabajo del Congreso, y tampoco han dado muestras de disponibilidad para un debate serio.

Queda, entonces, la  postergación de un tema que debería tramitarse con urgencia para resolverse  de una vez por todas la crítica situación que atraviesan tanto los empleadores como los trabajadores. Los empleadores por los sobrecostos que deben afrontar y por no llegar a cumplir las metas de productividad deseadas, y los trabajadores más jóvenes porque se sienten desprotegidos y sin oportunidades.

Las estadísticas publicadas por diversas organizaciones locales e internacionales son de espanto: solo el 12% de estudiantes graduados obtienen un trabajo formal, ocho de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad y el 25% de todos los jóvenes son totalmente improductivos; es decir, ni estudian ni trabajan. Al respecto, el ministro Grados insiste en hacer los cambios necesarios para llegar al Bicentenario con una sólida fuerza laboral formal que alcance el 50% de los empleos; y no el 26%, como lo es hoy. Cambios que —según el ministro— crearían 1.5 millones de empleos formales, de los cuales 300,000 serían ocupados por los jóvenes.

Vale decir que si el proyecto 1104/2016-PE —o cualquier otro similar que introduzca mejoras sustanciales y que flexibilice la contratación de jóvenes— fuera aprobado daría pie a una profunda y real revisión de la legislación laboral para alcanzar niveles superiores de productividad y competitividad en el sector privado.Un sector que ahora está atado por rígidas normas laborales que crean sobrecostos y detienen una dinámica de inversiones que es, finalmente, la que genera más trabajo.

Si no se hacen las reformas correspondientes se seguirá en la informalidad, la precariedad y la inseguridad que caracterizan a la mayor parte de empleo del país. No se entiende, entonces, la falta de firmeza de la mayoría promercado —fujimorista y pepekausa— que mira de reojo un proyecto que podría modificar sustancialmente la situación laboral del país. Y, sobre todo, que le quitaría aliento a los relatos y a la conducta de la militancia antisistema, que hace suyas las inconformidades populares actuando con violencia.