¡El Perú reclama estado de emergencia para el corredor vial del sur!

Cualquier observador del mundo quedaría estupefacto al ver cómo el Gobierno de Pedro Castillo abandona a su suerte a MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, en el preciso momento en que la libra del metal rojo sobrepasa los US$ 4.50. Al renunciar a imponer la autoridad, el imperio de la Constitución y la ley en el corredor vial del sur, el Ejecutivo se comporta como adversario de los pobres, por decir lo menos.

El llamado corredor vial del sur, que suma 400 kilómetros desde Apurímac y pasa por el Cusco –a través de las provincias de Chumbivilcas y Espinar, antes de llegar al puerto de Matarani–, se ha convertido en un verdadero campo de batalla. En esta área las minorías radicales de diversas comunidades y poblaciones ejercen violencia y bloquean la carretera y el transporte del mineral. En este escenario de arbitrariedad, exigen demandas absurdas, como ser considerados parte de las zonas de influencia directa de las minas –pese a no estar siquiera en la misma región que las operaciones– y contratos de servicios en base a la extorsión. El gran problema: en el corredor vial del sur se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional.

Algunos sectores de la comunidad de Urinsaya –en la provincia de Espinar, en el Cusco, a más de 250 kilómetros de MMG-Las Bambas– ahora bloquean la carretera exigiendo ser considerados parte del área de influencia directa de Las Bambas, pese a que la mina se ubica en la región Apurímac. Antes, sectores de la comunidad de Ccapacmarca –en Chumbivilcas, en Cusco– también hicieron lo mismo. De esta manera, la renuncia del Gobierno a ejercer la autoridad está creando un efecto dominó, en el que las minorías radicales se empoderan y exigen absurdos, como contratos de servicios, a partir de la extorsión.

De esta manera una de las minas más grandes del planeta acumula más de un año de paralizaciones por la acción de las minorías que, por cierto, son alentadas desde el Ejecutivo. El ex presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido en una reunión en Chumbivilcas promovió que esta área fuese considerada zona de influencia directa. Pero MMG-Las Bambas no puede reemplazar al Estado, como pretende el radicalismo. 

Ante semejante situación, la irritación de los apurimeños va en aumento porque con cada día de paralizaciones se pierden US$ 9 millones y disminuyen los aportes en canon y regalías. No es para menos, como se dice. Según el informe “Impacto económico y social de Las Bambas” de Macroconsult, hay un antes y un después en Apurímac con la operación de MMG-Las Bambas. Por ejemplo, antes de la operación minera los 84 distritos de la región tenían una pobreza por encima del 60% de la población. Después del inicio de la operación minera la pobreza descendió por debajo del 40%.

Según el informe de Macroconsult, MMG-Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI de la región Apurímac. Igualmente, ya hemos señalado que la mina genera 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos. 

En este contexto, ¿cómo se puede entender que sectores de una región diferente a aquella donde se emplaza la mina bloqueen carreteras y exijan contratos fuera de la ley? A estas alturas es evidente que la renuncia del Ejecutivo a imponer la autoridad y la ley ha creado un espacio en el que algunas minorías radicales se consideran impunes para ejercer “sus estrategias empresariales”, al margen de la legalidad y las instituciones.

Por todas estas consideraciones, el Perú y Apurímac exigen que se decrete el estado de emergencia en el corredor vial del sur. El Ejecutivo no puede seguir renunciando a hacer cumplir la Constitución y las leyes.