Todas las ucronías económicas que abarquen las &...
El sábado 18, tal como estaba anunciado, la empresa MMG-Las Bambas, concesionaria de uno de los diez megaproyectos de cobre más grande del planeta, paralizó sus actividades luego de 30 días de bloqueos realizados por una minoría de pobladores del Cusco.
La paralización de una de las mayores inversiones del Perú (alrededor de US$ 10,000 millones) se produjo porque la vía por donde se transporta el mineral al puerto –y por donde ingresan los insumos para la operación– está bloqueada por algunos centenares de personas que exigen que Chumbivilcas sea declarada zona de influencia directa –pese a estar a 200 kilómetros de la mina– y contratos de personas que favorezcan a empresas vinculadas a dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich).
Pero además de los 30 días de bloqueos actuales –en contra de la Constitución, las leyes y el respeto a los contratos–, la práctica violentista de los sectores antimineros explica que se acumulen más de 400 días de paralizaciones del proyecto desde el inicio de sus operaciones, y se ha dejado de producir 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anualmente (de un total de 400,000 TMC proyectadas).
Ante esta situación diversas instituciones y actores se pronunciaron exigiendo que el Ejecutivo declare el estado de emergencia para recuperar Las Bambas. Entre las entidades que exigen que se restablezca la autoridad en la zona están el Gobierno Regional de Apurímac, los municipios de la provincia de Cotabambas, los representantes de las empresas proveedoras de la empresa (transporte, comida, servicios, hostelería), los trabajadores de Las Bambas, las federaciones sindicales mineras, las universidades beneficiadas por el canon y todos los sectores vinculados a los más de 8,000 trabajadores directos y a los más de 75,000 empleos inducidos que crea la operación minera.
El mundo contempla absorto la paralización de Las Bambas en el preciso momento en que los precios del cobre alcanzan niveles altos históricos (la libra por encima de US$ 4.80) y los economistas señalan que –incluso sin nuevas inversiones– el Perú podría crecer por encima del 6% anual y, en muy pocos años, reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. Si esas cifras ahora parecen lejanas solo se debe a los anuncios de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones (que han desplomado la inversión privada) y a la renuncia a ejercer la autoridad de parte del Ejecutivo, que explica la tragedia en Las Bambas.
La renuncia a la autoridad del Ejecutivo y la colonización del Ejecutivo por parte de los sectores antimineros desatan consecuencias parecidas a las de una invasión externa. ¿Por qué? Porque la paralización de Las Bambas ahora ya es responsabilidad del Gobierno, que tolera y empodera a las minorías radicales.
Esta barbarie contra la economía nacional se produce pese a que Las Bambas representa el 1% del PBI, el 2% de la producción mundial de cobre y el 15% de la producción nacional del metal rojo. Pese también a que el proyecto genera 8,000 empleos directos y 75,000 inducidos, y pese a que la operación minera explica más del 60% del PBI de Apurímac. Algo más y muy trascendental: antes de Las Bambas la pobreza en los 84 distritos apurimeños sobrepasaba el 60% de la población. Ahora está debajo del 40%. Si el Estado hubiese distribuido adecuadamente la renta minera en carreteras, postas médicas, escuelas, sistemas de agua y desagüe, seguramente, se habrían reducido más la pobreza.
Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo está en la obligación, al margen de si no quiere hacerlo por sus vínculos antimineros, de declarar el estado de emergencia para salvar a Las Bambas.
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