El momento político y el destrabe de los proyectos mineros

Los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca, de una u otra manera, son emblemáticos porque marcan un punto de inflexión en el crecimiento de la economía nacional y el desarrollo de las inversiones mineras. No se exagera si se sostiene que a partir del bloqueo de estos proyectos comenzó el declive de la economía nacional: se comenzó a crecer con tasas debajo del 3% del PBI, se empezó a reducir pobreza en apenas un punto porcentual anual y se detuvo el flujo de inversiones que hubo en la primera década del nuevo milenio.

El bloqueo de Conga y Tía María, igualmente, coincidió –a inicios de la segunda década del nuevo milenio– con el principio de la burocratización y de la sobrerregulación del Estado. Es decir, los movimientos radicales antimineros no solo se lograron imponer en Cajamarca con la consigna “agua sí, oro no”, sino que el Estado peruano comenzó su lenta conversión en una suma de burocracias y sobrerregulaciones hasta convertirse en el peor enemigo de la Constitución desreguladora de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú.

Semejante ciclo de la economía y la involución institucional se desarrolló casi de manera paralela a una de las guerras políticas más cruentas de la historia republicana que se expresó en la judicialización de la política. 

¿Hacia dónde van, como se dice, estas reflexiones? Gran parte de estas tendencias autodestructivas de la sociedad, la economía y la política se han detenido luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y la afirmación del Estado de derecho. Por ejemplo, más allá de las campañas de las oenegés de izquierda sobre supuestas violaciones de Derechos Humanos y las trágicas y lamentables muertes de 60 peruanos, es incuestionable que haber detenido a las milicias que pretendían quemar aeropuertos, que incendiaron decenas de comisarías, que bloquearon carreteras para estrangular a las ciudades y la capital, es un triunfo del Estado de derecho. Las instituciones, las fuerzas de seguridad, hicieron prevalecer la Constitución, la ley y el orden. No se cedió al chantaje de la constituyente.

Semejante proceso ha debilitado en extremo al radicalismo extremista en las regiones mineras, que solían bloquear carreteras y atacar minas con total impunidad. Algo ha cambiado y sirve en extremo para que se afirme el Estado de derecho en las zonas mineras y se relancen los proyectos largamente postergados.

Por ejemplo, ¿qué argumento racional existe para seguir bloqueando el desarrollo de Conga y las demás minas del llamado cinturón de cobre del norte? Ninguno, más allá de la propaganda y las leyendas del radicalismo antiminero. El estudio de impacto ambiental de Conga, incluso, fue sometido a un arbitraje internacional para despejar dudas, pero de nada valió para el extremismo.

El daño que causa el radicalismo a Cajamarca y al país es inconmensurable. Por ejemplo, hoy la señalada región es una de las más pobres del país con más del 44% de pobreza, sin embargo, podría ser una con el ingreso per cápita más alto del Perú si Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otras, estuviesen en ejecución. De otro lado, con la producción de estas minas se agregaría un millón de toneladas métricas de cobre a la actual producción nacional de 2.5 millones, el Perú crecería sobre el 5% y en pocos años se reduciría la pobreza hasta debajo del 15%.

Lo mismo vale para Tía María en Arequipa. Se materializaría una inversión de US$ 1,400 millones para producir 120 mil toneladas de cobre y los gobiernos regional y locales duplicarían sus ingresos con el aporte de S/ 300 millones por canon y regalías. Igualmente se crearían alrededor de 8,000 puestos de trabajo para reducir a cero el desempleo en Islay y otras zonas adyacentes al proyecto minero.

En cualquier caso, las resistencias y oposiciones a la minería moderna se han debilitado. El Ejecutivo debe entender que el momento es propicio para relanzar los proyectos y sería el mejor aporte que le dejaría al país.