El gobierno de Castillo destruye la economía del Perú

La propuesta de convocar o promover una asamblea constituyente, el anuncio de la nacionalización del gas, el lanzamiento de “una segunda reforma agraria” al margen del sector agroexportador, la propuesta de industrializar la hoja de coca (renuncia abierta a la lucha contra las drogas), comienzan a pasarle una terrible factura al Perú: la inversión privada cae en picada. Es decir, se desploma el principal motor del crecimiento y la reducción de pobreza de las últimas tres décadas.

Se acaba de conocer que la empresa minera Antapaccay, concesionaria de Tintaya, ha suspendido una inversión de US$ 600 millones, destinada para ampliar la mencionada operación. Si la libra de cobre supera los US$ 4.80, un récord histórico, ¿cómo se entiende semejante postergación? La única explicación: los ciudadanos y las empresas ya no confían más en la administración Castillo. ¿Qué ciudadano o qué empresa puede confiar en un gobierno que señala que cambiará el régimen político y económico del país?

El gran problema es que la inversión privada representa el 80% del total invertido en el Perú. Los economistas señalan que la inversión privada en el 2022 caerá en dos dígitos y los más pesimistas hablan de un 20%. En otras palabras, el Perú volverá a ser un país que aumenta pobreza, luego de tres décadas de expansión económica y reducción sostenida del indicado flagelo social.

Para entender la relación entre crecimiento y reducción de pobreza vale señalar que anualmente se incorporan a la economía alrededor de 270,000 jóvenes, según las tendencias demográficas. De otro lado, por cada punto de crecimiento del PBI se crean cerca de 90,000 empleos. En otras palabras, para absorber la demanda de empleo de los nuevos jóvenes y evitar aumentar la pobreza se necesita crecer por encima del 3% del PBI. ¿Cómo se va a crecer si la inversión privada se desploma como si padeciese un cataclismo? Imposible. El Perú entonces avanza a ser una fábrica de pobres.

La administración Castillo, en cerca de dos meses y medio de gobierno, con sus delirantes anuncios sobre la constituyente y las eventuales estatizaciones, le está robando el futuro al Perú y a las nuevas generaciones, mientras las olas de migraciones aumentan.

¿Cómo un gobierno puede pretender fracasar en la economía y aumentar la pobreza? Aunque parezca absurdo, los estrategas comunistas necesitan destruir la economía y, sobre todo, aniquilar a las clases medias. El motivo: el aumento de la pobreza y la desesperanza social posibilitará legitimar las narrativas acerca del modelo neoliberal –según ellos, intrínsecamente injusto– que consagra la Constitución y la urgencia de una ola de expropiaciones y estatizaciones para redistribuir la riqueza.

Si se llega a esta situación, la asamblea constituyente y la entrega de nuestra libertad, nuestras propiedades y nuestros ahorros a un centenar de asambleístas del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales y Perú Libre, será una posibilidad inmediata.

Sin embargo, semejante narrativa es difícil de legitimar ante la gente luego de que, a apenas meses de la administración Castillo, se frena un proceso de crecimiento de tres décadas. 

Asimismo, el papel de una oposición unificada será fundamental para construir una narrativa que refleje la realidad y el curso de los acontecimientos.