El Gobierno alienta la producción de coca

El Gobierno parece empeñado en que el Perú deje de ser una república unitaria, como lo es ahora, y convertirla en una plurinacional, disgregada y con zonas liberadas en las que no rijan la Constitución ni las leyes. Es uno de los principales propósitos de su proyecto de nueva constitución; pero en realidad lo están implementando desde ahora. ¿Y para qué quieren zonas liberadas? Para obtener de ellas recursos económicos que no estén fiscalizados, y que puedan emplear libremente en su políticas clientelistas. Actualmente ya tenemos dos ejemplos: las zonas mineras alrededor del Corredor Vial del Sur y el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac y Ene), donde el Gobierno ha renunciado a la erradicación de los cultivos y también va a eliminar los puestos militares que intentaban mantener el orden en esa violenta y peligrosa zona. 

“Es indispensable, para prevenir la conflictividad social al menos durante un año, comprar hoja de coca a los actuales productores empadronados y a los que defina el nuevo padrón a construir”, dijo el primer ministro Aníbal Torres hace unos días durante el Consejo de Ministros realizado en el VRAEM. Así, se hace evidente la intención del Gobierno de incentivar la producción de coca, ya que el Estado se compromete a comprar –a través de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco)– toda la producción. Según Rubén Vargas, expresidente de Enaco, toda la propuesta de Torres es ilegal: “Para que el primer ministro vuelva a empadronar a los cocaleros, o abrir nuevamente el padrón, tendría que derogarse la ley, porque la misma norma prohíbe nuevos empadronamientos”. Además agrega que “la ley no dice que Enaco compre la hoja de coca por un año, la ley dice que la hoja de coca que es ilegal se erradica”. 

Lo cierto es que en los últimos años la producción de hoja de coca ha estado creciendo significativamente. Según DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), en 2015 se producían 96,000 toneladas métricas de hoja de coca. Para el año 2020 esa cifra ya se había elevado a 146,000 toneladas. Es decir, un incremento de 52% en tan solo cinco años; algo que debería encender todas las alarmas, especialmente si recordamos que de la producción total de hoja de coca solo el 8% se utiliza para consumo industrial. El otro 92% va directamente al narcotráfico, como insumo para la fabricación de cocaína.Y el ministro Torres no ha explicado en qué utilizará el Estado toda la producción que comprará a los cocaleros.

Actualmente en el padrón de cocaleros hay 95,000 personas inscritas. No obstante, existen otros 400,00 pequeños productores ilegales. La propuesta de Torres, similar a la ejecutada en Bolivia por Evo Morales, pretende legalizar a esos 400,000 productores ilegales. Pero no debemos olvidar que la coca es un problema de gran magnitud, porque las zonas de mayor producción, especialmente en la selva alta, se han convertido en “zonas liberadas”, en las que impera el delito y el crimen porque los remanentes terroristas y los narcotraficantes no dejan entrar a la policía ni al Estado. Y por eso allí siempre han sido necesarias bases militares, para combatir a las fuerzas militarizadas de los delincuentes. Recordemos que los remanentes terroristas en la zona se hacen llamar “Militarizado Partido Comunista del Perú”.

No obstante, complementando esta propuesta del Gobierno sobre la legalización irrestricta de los cultivos de coca, hace unos días el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, anunció el cierre de las bases contrasubversivas que actualmente existen en el VRAEM. “Luego de haber consolidado la pacificación del VRAEM. se prevé la ejecución de una serie de actividades, como levantar progresivamente el estado de emergencia y transferir el control del orden interno a la Policía Nacional, replegar paulatinamente las fuerzas y orientar los esfuerzos para que las bases que ya no vayan a ser empleadas se conviertan en centros tecnológicos de producción y desarrollo”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado oficial. ¿Se ha pacificado de verdad la zona? Hace exactamente un año el narcoterrorismo mató al menos 16 personas, entre ellas mujeres y niños, en un atentado que todavía está pendiente de aclarar.