El final del Estado burocrático será el final de la informalidad

Las cifras sobre la informalidad van y vienen, pero –en términos gruesos– se puede sostener que la informalidad de la economía y la sociedad representa el 60% del país. E igualmente, considerando los números de la Organización Internacional del Trabajo y otras entidades, se puede considerar que la informalidad laboral abarca más del 75% de los trabajadores. Por otro lado, en las regiones con más del 40% de la población en pobreza, la informalidad suma más del 80% de las economías regionales. La relación entre informalidad y pobreza, pues, parece ser directa.

Ahora bien, planteadas las cosas así ¿en dónde está la causa de la informalidad? Es incuestionable que en el Estado, las leyes, los procedimientos y las sobrerregulaciones generan costos inmanejables para los ciudadanos y los mercados populares. Las teorías que señalan que las causas de la informalidad están en la cultura y las tradiciones no resisten el menor análisis, porque los mismos informales nacionales que viajan a los Estados Unidos suelen respetar las leyes, logrando el éxito económico y social.

Por todas estas consideraciones es posible que hacia el 2026 los políticos y los actores del espacio público impulsen un acuerdo nacional para superar la informalidad. Sobre todo porque el agravamiento y la continuidad de este fenómeno social puede ser utilizado por el crimen organizado, tal como viene sucediendo en la provincia de Pataz, en La Libertad, en contra de la minería moderna. Los mineros ilegales y el crimen organizado pretenden presentarse como un “problema social” para ocultar sus actividades delictivas.

Un primer criterio para un acuerdo nacional debería ser el reducir todos los trámites de las dependencias del Estado –de los ministerios, de los gobiernos regionales y de los municipios– a una cantidad razonable, y que puedan ser realizados ante una ventanilla única. El Estado peruano debería convertirse en el Estado de la ventanilla única como una manera de promover una movilización de la sociedad alrededor de este objetivo. Al lado de este proceso, la simplificación administrativa hoy debería tener un aliado decisivo en el proceso de digitalización de todos los trámites estatales. Cero papeles, y procesos simplificados y digitales.

Sin embargo, la idea de ventanilla única y la digitalización obligaría a reducir más de la mitad del Estado, más de la mitad de los ministerios, más de la mitad de los burócratas e, incluso, tendría un impacto decisivo en cómo se reformule la descentralización que hoy resulta fallida.

Una tendencia a la reducción del gasto estatal podría generar el espacio para una reforma que simplifique el sistema de tributos en dos grandes grupos: el sistema regular y el modelo promotor para las micro y pequeñas empresas. En ese contexto, incluso sería posible imaginar la reducción de algunos tributos para devolver recursos a la sociedad y el sector privado, y alentar la formalización de las unidades productivas que se refugian en la informalidad.

Algo más, como una línea general a favor de la formalidad. El Perú debe eliminar su legislación laboral colectivista que declara derechos de aquí para allá sin considerar la productividad de las empresas. Una reforma de las leyes laborales debe focalizarse especialmente en establecer la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en los países desarrollados, en Estados Unidos, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. En los países con flexibilidad laboral hay pleno empleo, y en las sociedades con legislaciones colectivistas los trabajadores suelen emigrar al exterior en busca de trabajo.

La derrota de la informalidad en el país, pues, tiene una sola condición: la cancelación del Estado burocrático, las sobrerregulaciones y las leyes que empoderan a los burócratas. Los políticos deberían, pues, ser capaces de construir un acuerdo nacional para superar este grave problema nacional.