El Ejecutivo debe asumir formalización de la pequeña minería

 

A estas alturas es evidente que el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es un completo fracaso. En los últimos diez años apenas se han formalizado algo más de 2,000 pequeños emprendimientos. Sin embargo, se calcula que existen 5,000 unidades de pequeña minería que establecen contratos informales con más de 400,000 mineros artesanales. Una simple ojeada a los números despeja cualquier duda sobre el evidente fracaso.

En este contexto, se ha establecido que el proceso de formalización en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) culminará el 31 de diciembre de 2024. En otras palabras, el proceso de formalización de la pequeña minería se cancelará en esa fecha.

Para no hablar de un grave y explosivo problema social que se acumula habría que imaginar que en los pocos meses que quedan hasta el final del 2024, se logrará formalizar lo que no se pudo hacer en la última década. Una locura evidente. Es incuestionable que la mencionada disposición tendrá que ser derogada por el Congreso si realmente pretendemos abordar el problema de la formalización de la pequeña minería.

¿Por qué fracasa la formalización minera en Perú?  La explicación está en la fallida descentralización, que estableció la responsabilidad de los gobiernos regionales en el proceso. Se conoce que las direcciones regionales de minería tramitan entre 15 o 20 Instrumentos de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFOM) por año. Teniendo en cuenta el número de unidades de pequeña minería, el proceso recién culminaría luego del 2035.

Por todas estas consideraciones se debe centralizar el proceso de formalización en una autoridad central dependiente del Gobierno, ya sea a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas. En cualquier caso, a nuestro entender, ese es el primer paso para hablar con seriedad de formalización minera.

Sin embargo, es necesario precisar las diferencias entre la minería informal y la minería ilegal, sobre todo luego de conocerse que en la provincia de Pataz, en La Libertad, los mineros ilegales terminaron aliándose con bandas del crimen organizado internacional, para atacar a las compañías Minera Poderosa y Aurífera Retama S.A., empresas de minería moderna que generan empleo, pagan impuestos y preservan el medio ambiente.

El minero ilegal es aquel que desarrolla actividades mineras en concesiones otorgadas por el Estado según la Constitución y las leyes e, igualmente, explota el mineral en zonas reservadas y parques nacionales, sin pagar impuestos y sin cuidado del medio ambiente. El minero ilegal esencialmente viola el derecho de propiedad nacional. El minero informal, por el contrario, no viola derechos de propiedad en la explotación del mineral, pero carece de los permisos y autorizaciones para la operación.

Planteadas las cosas así, creemos que es un gravísimo error colocar el fenómeno de la informalidad minera bajo el mismo criterio de la minería ilegal. Las leyes contra el crimen organizado deben alcanzar a la minería ilegal, pero de ninguna manera al fenómeno de la minería informal, pequeña y artesanal.

En este contexto confuso y complicado es que el próximo 11 y 12 de septiembre la llamada Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Cofemin) está convocando una movilización nacional en Lima exigiendo, sobre todo, que el proceso de formalización minera no culmine en el 2024.

En cualquier caso, el Ejecutivo, el Congreso y los políticos deben reflexionar sobre el tema y asumir medidas inmediatas para evitar que se acumule un grave problema social que amenace la gobernabilidad en el país. Advertidos estamos.