El crimen social de haber eliminado la flexibilidad laboral en el campo

Una de las cosas más absurdas de los últimos años fue la decisión del gobierno provisional de Francisco Sagasti, y de la conducción también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez, de derogar la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), con el objeto de detener el capitalismo, la formalización del empleo y la reducción de pobreza en el sector agrario. La señalada decisión confirmó una vez más que las corrientes progresistas y colectivistas necesitan del aumento de la pobreza para avanzar en sus estrategias de poder.

La Ley 27360 estableció la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. En este contexto, algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos. En el 2004, por ejemplo, existían 460,000 empleos formales en el agro, entre directos e indirectos. En la actualidad los empleos sobrepasan el millón. Por otro lado, los salarios en el sector agroexportador superaban largamente a la remuneración mínima vital oficial por la demanda de empleo existente. En Ica se llegó al pleno empleo y en la actualidad la pobreza se ubica en el 6% de la población, mientras que a nivel nacional se acerca al 30%.

Los efectos en la reducción de pobreza y en la formalidad del empleo, entonces, eran innegables luego de dos décadas de vigencia de la ley 27360. Algo más, los beneficios laborales y tributarios de la Ley de Promoción Agraria se aplicaban a todo el sector agrario. Si los minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas no se beneficiaron de la norma fue por falta de títulos de propiedad, por falta de asociatividad para crear economías de escala y obtener créditos y también porque carecían de infraestructuras hídricas. Sin la Ley 27360, pues, no existe posibilidad de formalizar a los más de 2.2 millones de parceleros agrarios del país.

En el colmo de las locuras no solo se eliminó la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, sino que la nueva ley agraria, la Ley 31110, promovió la sindicalización por rama y pretendió crear un sector agrario poblado de pliegos reclamos y negociaciones colectivas. Es decir, la vieja receta que crea informalidad y pobreza en todo el país que ha llevado a que la informalidad laboral sobrepase el 75% de los contratos de trabajo.

La nueva ley agraria que fomenta la sindicalización artificial en el campo, igualmente, establece un sistema de contratación preferencia de los previamente contratados. Pero lo más grave: crea una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) que establece un salario del 30% por encima de la remuneración mínima vital. Considerando que la planilla laboral representa entre el 50% y 70% de los costos de las empresas agrarias, ahora se entiende por qué no hay nuevas inversiones en agroexportaciones, un sector en donde no cesaba de haber nuevos emprendimientos y una permanente reinversión de utilidades.

Las agroexportaciones que hoy sobrepasan los US$ 10,000 millones anuales comenzarán a descender por falta de nuevas inversiones ante la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Un hecho incuestionable.

Sin embargo, es impresionante cómo la ideología puede cegar a los políticos progresistas y de izquierda y llevarlos a desconocer el milagro económico, el crecimiento y la reducción de pobreza que se registraba en el sector de las agroexportaciones. Un Ejecutivo provisional y una mesa directiva provisional del Congreso eliminaron una de las mejores leyes económicas de la historia republicana.