El Congreso debe derrotar la “Agenda 19” del MTPE

A estas alturas es evidente que el Ejecutivo, al menos por ahora, ha decidido replegarse en el objetivo de convocar a una asamblea constituyente y promover las nacionalizaciones de los recursos naturales. El repliegue del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre solo se explica por la impresionante resistencia nacional al proyecto de la asamblea constituyente. 

Sin embargo, el paso atrás en el gobierno de Pedro Castillo, de ninguna manera significa que Perú Libre abandone sus objetivos generales. Por el contrario, solo estamos ante un reajuste táctico para desarrollar batallas parciales que definirán el resultado general. Por ejemplo, el congresista Guido Bellido, ante el incremento general de precios –por factores internacionales y también por responsabilidad directa del Ejecutivo– propone el control de precios y señala que la Constitución de 1993 impide una decisión de esta naturaleza. Allí hay una campaña en curso.

No obstante, el área en que Perú Libre comienza a dar una batalla parcial de enorme intensidad es en el objetivo de colectivizar las relaciones laborales, a través de la llamada “Agenda 19”, que implementa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El objetivo general de la Agenda 19 es aprobar una nueva Ley General de Trabajo, que promueva la sindicalización y las negociaciones colectivas por rama. Es decir, crear un mundo laboral poblado de sindicatos, huelgas y negociaciones, como si el Perú fuese una sociedad con varias revoluciones industriales. Locura.

Más allá de los delirios febriles del colectivismo en su intención de crear un mundo laboral repleto de sindicatos, en una economía en donde el 85% del empleo es informal y en donde el 90% del total de empresas son pequeñas y medianas empresas (pymes), es evidente que el objetivo de la Agenda 19 es golpear a las empresas formales, aumentar la informalidad y desatar una ola de quiebras de unidades económicas.

¿Por qué? Si se aumentan los costos laborales, si se sobrerregulan los contratos laborales bajo la premisa de que los empresarios “son los enemigos explotadores”, entonces muchas empresas quebrarán y pasarán a la informalidad. La reforma laboral bajo la premisa de que el empresario es el enemigo, incuestionablemente es anti inversión.

Con tanta informalidad, un razonamiento a favor de la inversión privada y la generación del empleo debería ser el de reducir los costos laborales y flexibilizar los contratos de trabajo. Como en el MTPE no se cree en la empresa privada y se apunta a la estatización de la economía, entonces se avanza en sentido contrario.

La eliminación de la tercerización laboral –mediante un decreto del MTPE que no fue consultado en el Consejo de Ministros–, por ejemplo, según  diversas organizaciones gremiales, pone en peligro más de 100,000 empleos en lo inmediato. 

De otro lado, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) ha informado que más de 2,000 contratos de servicios con las comunidades y poblaciones de las áreas de influencia directa de las minas están en peligro por la eliminación de la tercerización. ¿Qué significa un hecho semejante? Que la minería se convertiría en un campo de batalla social y político por la imposibilidad de las empresas mineras de continuar con estas relaciones laborales. Si no se pueden tercerizar los servicios de una comunidad, entonces, la mina debería contratar a toda la comunidad como si fuesen trabajadores de la empresa.

El Congreso entonces tiene que pasar a la defensa concreta de la Constitución, las libertades y la economía de mercado. La derrota de la Agenda 19 mediante la derogación de norma que impide la tercerización y la propuesta de un nuevo plan laboral a favor del empleo y la inversión es el camino.