Ejecutivo contra nueva ley de promoción agraria

Los proyectos antisistema en el Perú, incuestionablemente, se proponen colectivizar la economía nacional y, por lo tanto, su naturaleza es esencialmente anticapitalista. Para estas propuestas el capitalismo, el crecimiento y la reducción de la pobreza es el peor enemigo para sus estrategias de poder. De allí que estos sectores, desde una década atrás, hayan frenado con éxito inversiones en minería, agroexportaciones, infraestructuras y pesca.

Una de las obsesiones de las corrientes antisistema y progresistas fue la explosión del boom agroexportador que, en apenas dos décadas y en un área reducida del 5% de la superficie agraria, logró incrementar las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad, mientras el empleo formal se incrementaba de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 hasta más de un millón en la actualidad. Por otro lado, la pobreza en las regiones agroexportadoras bajó muy por debajo de la media nacional.

Por todas estas consideraciones las corrientes antisistema y progresistas enfilaron en contra de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales y era una de las claves del boom agroexportador al lado de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio. Finalmente, durante el gobierno provisional de Sagasti y la conducción también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez se derogó la mejor ley económica de la historia del Perú.

En diversos estudios y proyecciones se ha establecido que luego de la derogatoria de ley 27360 se perdieron inversiones en cerca de 30,000 hectáreas y mensualmente se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales.

Sin embargo, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) urgido por el descontrol del déficit fiscal –que suma 4% del PBI–, por la quiebra de Petroperú que ya desangra al fisco con cerca de US$ 5,000 millones, y también por la caída de la recaudación, ahora se opone a establecer un régimen promocional tributario que establezca 15% para el impuesto a la renta a las empresas agroexportadoras, 0% de impuestos para los minifundios que vendan menos de 30 UIT en tanto que 1% los parceleros que vendan más de 30 UIT hasta 110 UIT (S/ 721,000).

A nuestro entender, agricultura es el único sector –no hay otro– que requiere un régimen tributario y laboral promocionales, ya sea por las adversidades climáticas (desde sequías hasta fenómeno de El Niño) o la inversión en seres vivos (frutas y hortalizas) expuestos a enfermedades y plagas. Asimismo, los cultivos se demoran años en alcanzar rentabilidad y en los mercados enfrentan el proteccionismo agrario de los países desarrollados y la capacidad del sector de crear miles de empleos formales.

A inicios de este año el ministro de Economía, José Arista, señalaba que la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) había paralizado inversiones en el sector y había fomentado la informalidad en amplias unidades productivas. Sin embargo, en recientes debates en el Congreso ha sostenido que la nueva Ley de Promoción Agraria busca favorecer a los grandes del agro, es decir a las empresas agroexportadoras. En el MEF se argumenta que la nueva ley de promoción agraria tendrá un impacto de S/ 1,850 millones en la recaudación.

El MEF hoy parece haberse convertido en una dependencia recaudadora ante el descontrol del déficit, e incluso se habla de incrementar impuestos. Con la oposición a nueva ley de promoción agraria el ministro Arista parece ignorar que bajo el régimen de la Ley 27360 la recaudación se incrementó de S/ 97 millones a S/ 826 millones anuales, que las divisas generadas por el sector sobrepasarán los US$ 10,000 millones y que el empleo formal seguirá incrementándose.

Algo muy grave está sucediendo en el Ejecutivo. Pareciera haber un viraje hacia posiciones anti inversión privada y, de una u otra manera, se considera que el Estado y los ingresos fiscales son la clave para generar empleo y reducir la pobreza. Terrible error.