Cuando la legislación laboral es una fábrica de pobreza

En el Perú en el nombre de los derechos de los trabajadores se ha construido una legislación laboral que declara derechos e, incluso, establece ingresos fijos, al margen de la productividad de las empresas y de la realidad de los mercados. En el año 2001 el Tribunal Constitucional estableció que el trabajador despedido tiene derecho a exigir la reposición en el puesto, en vez de la correspondiente indemnización que establece la ley. De esta manera, a través de normas y resoluciones de las entidades tutelares, se fue estableciendo una forma de estabilidad laboral casi absoluta.

Dos décadas después, el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción también provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez, derogaron la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía un régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Durante dos décadas los empleos formales pasaron de 460,000, entre directos e indirectos, a más de un millón en la actualidad. Más tarde, el gobierno de Pedro Castillo promulgó decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, fomentaban la sindicalización artificial en empresas, ramas y grupos y, por otro lado, promovían el libertinaje en el derecho del ejercicio de huelga. El objetivo era alentar la guerra de clases entre trabajadores y empresarios y eliminar cualquier resquicio de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.

Sin embargo, luego de varios años de establecida esta legislación, ninguno de los sucesivos gobiernos ni legislativos se atrevió a derogarlos, como si la clase política, los políticos, se hubiesen comprado todas las narrativas acerca de que la flexibilidad laboral solo favorece a los empresarios y vulnera el derecho de los trabajadores. En otras palabras, como si hubiesen aceptado la clásica teoría marxista sobre que los trabajadores producen la riqueza y los empresarios solo se dedican a explotar a la gente.

Los expaíses de la Unión Soviética desarrollaron las mayores expropiaciones de la propiedad privada en la historia de la humanidad, creando miles de empresas estatales en base a la mencionada teoría marxista. Sin embargo, como todos sabemos, se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad. Uno de los ejes del modelo soviético fue la estabilidad laboral absoluta, porque el puesto de trabajo dependía del Estado empleador a través de las empresas estatales. De ninguna manera de la productividad y rentabilidad de empresas privadas que actuaban en los mercados.

El régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo es el modelo de legislación laboral de todos los países que han alcanzado el desarrollo y el pleno empleo. Singapur, Hong Kong, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda e incluso, los países nórdicos de Europa tienen sistemas plenos de flexibilidad laboral. Y siempre se produce una paradoja incuestionable: todos los trabajadores de los países con estabilidad laboral suelen migrar a las sociedades desarrolladas con flexibilidad laboral. Allí está la realidad de los latinoamericanos intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos.

La estabilidad laboral casi absoluta de la legislación nacional es una de las principales causas de que más del 75% de los puestos de trabajo padezcan informalidad y dos tercios de los trabajadores no cuenten con sistemas de salud y sistema previsional.

La razón de la pobreza o la prosperidad en la legislación laboral tiene que ver con el reconocimiento de que las empresas, el sector privado y los mercados son los creadores de riqueza. Cuando se niega, “en nombre de los trabajadores”, esa verdad que la historia moderna ha confirmado se establece que el Estado es la fuente de la riqueza. Y esa mentira gigantesca solo crea fábricas de pobreza.