¿Crisis del modelo o falta de reformas de segunda generación?

En las últimas semanas las corrientes de izquierda, ya sea en sus versiones progresistas o comunistas, han comenzado a señalar que las tasas bajas de crecimiento y el aumento de pobreza del 20% al 29% de la población –luego del gobierno de Pedro Castillo– revelan un agotamiento del modelo económico y social que rige en el Perú en las últimas tres décadas.

Si le echamos una mirada panorámica a las variables económicas de los últimos 30 años será posible reparar en que el PBI se cuadruplicó y la pobreza se redujo del 60% al 20% hasta antes de la pandemia y el gobierno de Castillo. Esas cifras y otras conexas nos indican que, en toda su historia republicana, el Perú nunca había logrado tanta inclusión económica y social como en ese momento. Desde la independencia, en el país la pobreza y la exclusión siempre abarcó a un 80% de la población. Hasta antes de la pandemia y Castillo esas cifras se habían invertido.

Ahora bien, según el Banco Mundial y los demás organismos multilaterales, de ese total de pobreza reducida en las últimas tres décadas, el 80% corresponde al aporte de la inversión privada a través de la generación del empleo. El 20% restante es aporte del Estado y el trabajo social de las oenegés. Algo más. El 80% de los recursos fiscales y el 80% del empleo (formal e informal) que se provee en la sociedad proviene del sector privado.

¿Qué significan estas cifras y aproximaciones? Que los criterios económicos de la Constitución de 1993 –que establece el papel subsidiario del Estado frente a la inversión privada y los mercados, que desregula precios y mercados, que reconoce los contratos y la propiedad como inviolables, y que consagra el comercio mundial– son las columnas principales del modelo que ha producido el mayor proceso de inclusión económica de nuestra historia republicana.

¿Por qué entonces hoy se hace evidente el aumento de la pobreza? Porque la política, los políticos y la casi perpetua guerra política han convertido al Estado en el enemigo principal del modelo económico, sobre todo desde la llegada de Castillo al poder. El Estado se burocratizó, se sobrerreguló hasta límites no imaginados, convirtiéndose en la principal fuente de informalidad y pobreza del país, al levantar murallas en contra de la inversión en los mercados. Al lado de la burocratización del Estado las fábulas y narrativas de las izquierdas, en la práctica, bloquearon las llamadas segundas reformas de generación que debían relanzar la economía frente al agotamiento de las reformas de los noventa.

Efectivamente, el ajuste macroeconómico y fiscal, la privatización de las empresas estatales, la desregulación de mercados y precios y la firma de los tratados de libre comercio, ya no era suficiente para seguir creciendo en una sociedad que había dejado de ser pobre para convertirse en un país de ingreso medio. En medio de esta situación se agravó la crisis política y se produjo este peligroso cóctel con crecimiento bajo y aumento de pobreza.

Planteadas las cosas así, el Estado es el principal enemigo del modelo con su extrema burocratización, con la negativa de los políticos a materializar una reforma tributaria que amplíe la base tributaria a través de la simplificación de los regímenes y baja de tasas; y a la reforma laboral que posibilite incorporar la flexibilidad en los contratos de trabajo. Igualmente, la voluntad de crear un capital humano, a través de las reformas de la salud y de la educación, y el avance de las inversiones en infraestructuras son las claves de un relanzamiento de ese modelo. Sin embargo, no se lograrán esos objetivos sin la reforma del Estado y la transformación de la política.

El modelo entonces no se ha agotado, sino el Estado burocrático y clientelista que reproduce los mayores vicios republicanos. De allí la necesidad de seguir preservando las vigas maestras del modelo; es decir, el papel subsidiario del Estado frente a la inversión privada, la desregulación de precios y el respeto a los contratos y la propiedad. En otras palabras, la necesidad de preservar a la inversión privada como el principal protagonista del modelo.