Corredor vial del sur y el preocupante silencio ante la minería ilegal

Días atrás en el distrito de Haquira –en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac– la policía nacional del Perú (PNP) intervino un vehículo cargado de explosivos destinados para la producción de la minería ilegal. El conductor no pudo explicar adecuadamente el origen y el destino de las cargas explosivas. El incidente mencionado comienza a ser parte de una serie de eventos que nos señalan que la minería ilegal empieza a multiplicarse en el corredor vial del sur, área en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional.

Algunas semanas atrás, de la misma manera, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP detuvo a cuatro mineros ilegales en el puente Challhuahuacho, también en Cotabambas, que trasladaban más de 60 toneladas de cobre puro que, en el mercado ilegal, pueden sumar más de tres millones de soles.

Una de las cosas que llama poderosamente la atención es que los sectores radicales antimineros, algunas dirigencias comunales y las oenegés anticapitalistas (que han desarrollado una feroz oposición en contra de la minería formal y moderna) permanecen en silencio ante la proliferación de volquetes con las tolvas descubiertas que transportan el mineral ilegal por el corredor vial del sur. Las señaladas tolvas descubiertas riegan el polvo de los minerales y evidentemente generan una grave contaminación.

Sostenemos que llama poderosamente la atención el silencio de los enemigos de la minería moderna, porque ellos suelen poner el grito en el cielo, como se dice, cuando los volquetes con las tolvas encapsuladas de la minería moderna transportan el mineral. Las tolvas encapsuladas de los volquetes de la minería formal están herméticamente cerradas para preservar el medio ambiente de las poblaciones adyacentes del corredor vial.

Vale precisar que la minería ilegal se desarrolla sobre las concesiones otorgadas a la minería moderna y los parques nacionales y zonas reservadas a la actividad. En otras palabras, la principal característica de la minería ilegal es que viola los derechos de propiedad de la minería nacional, una de las claves que posibilitó la conversión del país en una potencia minera mundial. Cabe precisar que en las últimas décadas, bajo esta legislación, se captó más de US$ 60,000 millones en inversiones.

Por otro lado, la multiplicación de la minería ilegal en el corredor vial del sur nos recuerda que este fenómeno puede convertirse en una amenaza letal para la minería moderna, que paga impuestos, genera empleo y se convierte en uno de los principales motores antipobreza en el país.

El asunto se agrava cuando en algunas áreas mineras el crimen organizado nacional e internacional comienza a aliarse con la minería ilegal, tal como sucede en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad. En los últimos seis meses han salido más de 3,417 volquetes cargados de mineral que no pertenecen a Minera Poderosa, Aurífera Retama y Horizonte, las minas modernas que pagan impuestos y crean empleo formal en el área. 

La mencionada alianza entre el crimen organizado y la minería ilegal en Pataz ya ha acumulado un saldo de 9 trabajadores muertos, 23 heridos y más de 15 torres de alta tensión derribadas.

Ante este escenario, el Estado de derecho en general, el Ejecutivo y el Congreso, no pueden seguir permitiendo que en las regiones mineras se imponga la ley de la selva, se violen los derechos de propiedad minera y se permita alianzas entre la minería ilegal y el crimen organizado. ¡Es hora de restablecer el Estado de derecho en las áreas mineras!