Continúan los atentados contra minera Poderosa

El día de ayer se produjo un nuevo atentado contra la empresa minera Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Esta vez los delincuentes que trabajan para los mineros ilegales volaron la torre de transmisión eléctrica LT 6050, que conecta a esta empresa minera con el Sistema Eléctrico Nacional, dejándola sin energía para realizar sus operaciones. Y este atentado además tiene el agravante de ser un abierto desafío a las fuerzas del orden y al estado de derecho, pues en la provincia de Pataz continúa vigente el “estado de emergencia”. 

Como sabemos, en los últimos meses Minera Poderosa ha sido objeto de numerosos ataques por parte de delincuentes contratados por los mineros ilegales que operan en esa zona. En estos ataques ya se han derribado más 15 torres de alta tensión, además de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y tuberías de fuerza de la central hidroeléctrica. Por el lado del costo humano, esta violencia delincuencial ha causado 17 muertes de trabajadores mineros, además de decenas de heridos. Y todo eso ocurre a pesar de que la zona fue declarada en “estado de emergencia” desde diciembre del año pasado, razón por la cual se encuentra destacado ahí con un contingente de más de 300 miembros de la Policía Nacional y del Ejército. 

No obstante, la presencia de estos efectivos del orden en Pataz no se ha concretado en un importante programa de interdicciones a las operaciones de los mineros ilegales, que siguen actuando con impunidad amparados en documentos provisionales otorgados por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Recordemos que la norma aprobada por el Ejecutivo en diciembre pasado, para terminar con estos documentos y frenar las actividades ilícitas, fue recientemente derogada por el Congreso. Además las acciones de las fuerzas del orden se ven limitadas por la falta de apoyo de la Fiscalía y de los representantes de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos de cada región, instancia encargada de supervisar la labor de la pequeña minería. 

La minería ilegal, en alianza con bandas criminales internacionales, ha convertido a la minería moderna en blanco de ataques permanentes con el objeto de ahuyentar la inversión que paga impuestos al Estado, genera empleo y dinamiza la economía peruana. Sin embargo, es necesario reconocer que la minería ilegal –es decir la explotación que se desarrolla sobre concesiones otorgadas a la minería moderna por el Estado de acuerdo a la Constitución y las leyes– avanza en varias regiones del país debido al fracaso de la formalización de la pequeña minería. Y uno de los motivos de ese fracaso es la descentralización: hoy los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de minería, no pueden tramitar los cientos de expedientes (existen en el país más de 5,000 operaciones de pequeña minería) que se les presentan cada año. 

Por todo ello, para luchar contra la minería ilegal es necesario avanzar en la formalización minera. Y acaso la única manera de formalizar a esas miles de operaciones de pequeña minería es creando una autoridad nacional de formalización minera dependiente directamente del Ejecutivo, y no de los gobiernos regionales. Una autoridad que acumule en una ventanilla única todos los procedimientos para desarrollar la formalización.